Deuda millonaria y denuncia internacional: el choque de Salinas Pliego con el gobierno federal

El choque entre Ricardo Salinas Pliego y el gobierno federal entró en una nueva etapa que ya rebasa las fronteras de México. El empresario, propietario de TV Azteca y del conglomerado Grupo Salinas, decidió acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar lo que califica como una persecución fiscal, judicial y administrativa impulsada desde el Estado mexicano, en medio de un adeudo millonario con el fisco.

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La disputa no es nueva, debido a que desde hace años, las autoridades de Hacienda mantienen litigios contra empresas de Salinas Pliego por presuntos adeudos fiscales acumulados desde mediados de la década de los 2000. Sin embargo, el choque se intensificó tras resoluciones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ratificaron fallos en contra del empresario y confirmaron la obligación de cubrir una deuda que ronda los 51 mil millones de pesos.

Para Salinas Pliego, estas decisiones no son solo legales. En distintas declaraciones públicas ha sostenido que el endurecimiento de las acciones del gobierno responde a una intención política, motivada por sus posturas críticas y su presencia constante en el debate público.

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La denuncia internacional

El pasado martes 13 de enero, el empresario confirmó que formalizó una denuncia ante la CIDH contra el Estado mexicano. En ella, asegura que desde 2023 se ha intensificado un patrón de hostigamiento coordinado que incluye auditorías fiscales, procesos judiciales y acciones administrativas, con el objetivo, según su versión, de intimidar y limitar su libertad de expresión.

Salinas Pliego informó que sostuvo una reunión con Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, a quien entregó un expediente con lo que considera pruebas del trato que han recibido él y sus empresas. A través de sus redes sociales, el magnate afirmó que fue escuchado y que el organismo internacional analizará la información presentada.

En los mensajes difundidos tras su encuentro con la CIDH, el dueño de TV Azteca insistió en que su caso trasciende lo individual. Aseguró que su denuncia busca visibilizar lo que considera un intento del gobierno por acallar voces críticas y restringir la participación en la discusión pública.

"El conflicto no es sólo conmigo, sino con quienes pensamos distinto", expresó, al tiempo que afirmó que no cederá ante las presiones y que continuará manifestando sus opiniones. Salinas Pliego también dijo salir fortalecido del proceso y convencido de que la vía internacional es necesaria ante lo que percibe como un cierre de opciones en el ámbito nacional.

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Desde el gobierno federal, la historia es distinta. Las autoridades han reiterado que no existe persecución política y que los procedimientos contra Grupo Salinas responden únicamente al cumplimiento de obligaciones fiscales pendientes. Según Hacienda, el monto de la deuda se incrementó con el paso del tiempo debido a recargos, actualizaciones y años de litigios, algunos de ellos iniciados desde 2007.

El gobierno de Sheinbaum ha sostenido que la ley se aplica por igual y que los casos en tribunales forman parte de procesos ordinarios, sin motivaciones ideológicas o de censura.

Ahora, el foco está puesto en la CIDH y en la decisión que tome respecto a la denuncia presentada por Salinas Pliego. De aceptarse, el caso podría generar presión internacional sobre el Estado mexicano; de lo contrario, el empresario deberá redefinir su estrategia legal.

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