"ACOSO SISTEMÁTICO"
Ricardo Salinas Pliego denuncia persecución política del gobierno de México ante la CIDH
El empresario acusa al Estado de utilizar mecanismos fiscales, judiciales y administrativos para limitar su libertad de expresión y participación pública.
El empresario Ricardo Salinas Pliego presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano, al acusar una presunta persecución política, fiscal y judicial en su contra que, según afirmó, inició en 2023.
De acuerdo con Grupo Salinas, la denuncia fue entregada durante una reunión en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) con Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
En el expediente, el consorcio solicita que el organismo declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano y ordene garantías de no repetición para restaurar la independencia judicial, así como proteger la libertad de expresión y el derecho de propiedad.
Salinas Pliego sostuvo que tanto él como sus empresas han sido objeto de una estrategia coordinada de hostigamiento institucional, mediante acciones fiscales, judiciales y administrativas que, afirmó, buscan intimidar, desgastar y silenciar a quienes critican al gobierno o participan activamente en el debate público.
Acusaciones de persecución fiscal y judicial
En la denuncia se detallan cuatro ejes que, a juicio del empresario, configuran un patrón sistemático de persecución: la criminalización de la crítica a través de medios y vocerías oficiales; el incremento de auditorías fiscales; una presunta captura del Poder Judicial tras la reciente reforma judicial; y el uso político del aparato fiscal con fines coercitivos y no recaudatorios.
El documento también acusa a las conferencias matutinas de gobiernos anteriores y del actual de ser utilizadas para dañar su reputación y desacreditarlo públicamente. Según Grupo Salinas, estas acciones buscan inhibir la disidencia y enviar un mensaje de advertencia a otros actores económicos y sociales.
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Resolución de la SCJN y cobro del SAT
La denuncia ante la CIDH se presenta en el contexto del prolongado conflicto fiscal entre Grupo Salinas y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El pasado 13 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó los últimos amparos promovidos por el empresario, dejando firme la obligación de pagar créditos fiscales por 51 mil millones de pesos correspondientes a empresas como Elektra y TV Azteca.
Tras la resolución, el SAT informó que continuará con el procedimiento de cobro conforme al Código Fiscal de la Federación. En contraste, la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que se trata de un asunto estrictamente legal y administrativo, y ha rechazado que exista una persecución política contra el empresario.
Por su parte, Salinas Pliego aseguró que el caso trasciende su situación personal y advirtió que podría sentar un precedente negativo para el sector empresarial y la libertad de expresión en México. "En el país se está intentando imponer el miedo como método de control", afirmó.
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