VENEZUELA-MÉXICO
Maduro y el Cártel de Sinaloa: la red que operó en México durante el gobierno de Calderón
Según Washington, altos mandos civiles y militares venezolanos, encabezados por Maduro, integraron una red de narcotráfico que operó con cárteles mexicanos.
La nueva acusación presentada por el Gobierno de Estados Unidos contra Nicolás Maduro no sólo amplía el expediente judicial que se sigue desde hace más de una década: coloca a México como una pieza clave en una red de tráfico de drogas, dinero y protección diplomática que habría operado desde el corazón del poder venezolano.
De acuerdo con fiscales estadounidenses, durante años el hoy mandatario "de facto" utilizó estructuras estatales, rutas aéreas y relaciones con cárteles mexicanos para facilitar el negocio del narcotráfico a escala continental.
El documento judicial más reciente, presentado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, reconstruye operaciones que se remontan al periodo en que Maduro fue canciller de Hugo Chávez, y que —según Washington— se mantuvieron activas incluso después de que asumió la Presidencia.
Pasaportes diplomáticos y vuelos oficiales: la operación desde México
Entre 2006 y 2008, cuando Felipe Calderón encabezaba el gobierno mexicano y Maduro ocupaba la cartera de Relaciones Exteriores en Venezuela, el esquema descrito por Estados Unidos ya estaba en marcha. La acusación sostiene que el entonces funcionario venezolano facilitaba pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y autorizaba el uso de aviones privados bajo cobertura oficial para mover dinero procedente del tráfico de drogas desde México hacia Venezuela.
"Cuando los narcotraficantes necesitaban mover dinero de México a Venezuela, Maduro Moros facilitaba el uso de aviones privados bajo cobertura diplomática, para asegurarse que no fueran revisados por agencias policiales o militares", señala el indictment.
El mecanismo incluía notificaciones previas a la Embajada de Venezuela en México y reuniones con el embajador, mientras las aeronaves eran cargadas con efectivo producto de la venta de drogas. Todo, según los fiscales, bajo el blindaje que otorgaba el estatus diplomático.
Washington apunta directo al Cártel de Sinaloa y Los Zetas
Una de las diferencias centrales de esta acusación frente a versiones anteriores es la mención explícita de organizaciones criminales mexicanas. El Departamento de Justicia identifica al Cártel de Sinaloa y a Los Zetas como beneficiarios directos de la exportación de cocaína colombiana facilitada desde Venezuela.
En ese entramado aparece Joaquín "El Chapo" Guzmán, a quien se atribuye el financiamiento de laboratorios de cocaína en Colombia en 2011. La droga, según la acusación, era trasladada a Venezuela con protección de guerrilleros de las FARC, aliados del llamado Cártel de los Soles, antes de seguir su ruta hacia México y Estados Unidos.
El Cártel de los Soles: Estado, ejército y narcotráfico
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lleva años sosteniendo que en Venezuela se consolidó una estructura criminal incrustada en el poder. En un informe de 25 páginas, describe al Cártel de los Soles como una red integrada por funcionarios civiles, mandos militares y cuerpos de inteligencia que "se benefician del narcotráfico".
La acusación señala que la cocaína producida en Colombia cruzaba a Venezuela y desde ahí era enviada por aire o mar, muchas veces con protección oficial para evitar inspecciones. El traslado final hacia Estados Unidos se realizaba mediante rutas controladas por el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones mexicanas.
Bajo este esquema, Washington afirma que recursos estatales venezolanos fueron utilizados para proteger cargamentos multimillonarios, mientras las ganancias servían para fortalecer el control político y financiar campañas electorales.
Decomisos, extradiciones y un expediente que creció durante tres gobiernos de EU
El proceso judicial contra figuras del chavismo comenzó formalmente en 2011, cuando Estados Unidos acusó a Hugo Armando Carvajal Barrios de coordinar el envío de 5.6 toneladas de cocaína desde Venezuela a México. Ese cargamento fue decomisado en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche.
Años después, en 2013, otro decomiso de 1.3 toneladas en el aeropuerto Charles de Gaulle de París volvió a colocar a Venezuela en el centro del radar internacional. La droga había salido del aeropuerto de Maiquetía, lo que llevó a Maduro a cancelar su participación en la Asamblea General de la ONU.
Carvajal fue extraditado por España en 2023 y se declaró culpable en junio de 2025. Otros militares y ex funcionarios venezolanos también han sido sentenciados, entre ellos Cliver Antonio Alcalá Cordones, condenado a más de 21 años de prisión.
Diosdado Cabello, el ELN y la continuidad de la red
La acusación no se limita a hechos del pasado. Washington sostiene que el esquema de tráfico se mantuvo activo incluso en años recientes. Los fiscales atribuyen a Diosdado Cabello, considerado el número dos del régimen, la colaboración con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para facilitar el tráfico de drogas en 2024 y 2025.
La fiscalía considera previsible que testigos cooperantes declaren sobre estos acuerdos en un eventual juicio contra Maduro.
Según las autoridades estadounidenses, para 2020 el volumen de cocaína que transitaba anualmente por Venezuela alcanzaba hasta 250 toneladas. Los cargamentos se transportaban en lanchas rápidas, barcos pesqueros, buques portacontenedores y aviones que despegaban desde pistas clandestinas.
"Este ciclo de corrupción basada en narcóticos llena los bolsillos de los funcionarios venezolanos y sus familias, al tiempo que beneficia a los narcoterroristas violentos que operan con impunidad en suelo venezolano", se lee en la acusación.
Sobornos, secuestros y el papel de la familia presidencial
El expediente también detalla acusaciones de violencia directa. Estados Unidos sostiene que Maduro y su esposa ordenaron secuestros, golpizas y asesinatos contra personas que afectaban la operación del narcotráfico, incluido el homicidio de un jefe local de drogas en Caracas.
Cilia Flores, esposa de Maduro, es señalada por aceptar sobornos en 2007 para facilitar reuniones entre narcotraficantes y autoridades antidrogas. Además, sobrinos de Flores fueron grabados en 2015 acordando envíos de cocaína desde el "hangar presidencial", y asegurando que estaban en "guerra" con Estados Unidos.
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