ENFRENTA VARIOS CARGOS
¿De qué delitos se le acusa a Simón Levy, quien fue subsecretario de Turismo en México?
De ser hallado culpable, las penas combinadas podrían superar los diez años de prisión, además de sanciones económicas y administrativas
El caso de Simón Levy Dabbah, exsubsecretario de Turismo y empresario mexicano, ha captado atención internacional tras su presunta detención en Portugal, situación que el propio Levy negó asegurando que se encuentra en libertad en Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades mexicanas confirmaron que el exfuncionario cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes, lo que ha motivado cooperación internacional y seguimiento por parte de Interpol.
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Delitos contra el ambiente y responsabilidades de obra
La primera investigación se centra en delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra. Según la Fiscalía de la Ciudad de México, el proceso se abrió por irregularidades en la construcción de un inmueble, donde se edificaron pisos adicionales sin contar con los permisos reglamentarios.
"Los delitos contra el ambiente son acciones ilegales que dañan el medio ambiente, como la tala ilegal o la contaminación. Los Directores Responsables de Obra (DRO) tienen una responsabilidad profesional y penal por irregularidades en la construcción, ya que deben garantizar el cumplimiento de las normativas técnicas, de seguridad y ambientales. Su negligencia o imprudencia puede acarrearles sanciones e incluso responsabilidades penales".
Esta orden de aprehensión se emitió después de que Levy no asistiera a dos audiencias programadas en agosto de 2022 y agosto de 2025, lo que provocó el retiro del amparo que inicialmente lo protegía. De ser encontrado culpable, podría enfrentar entre tres y nueve años de prisión y multas equivalentes a varios miles de días de salario mínimo, dependiendo del daño ambiental causado.
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Amenazas y daño en propiedad ajena doloso
La segunda carpeta de investigación corresponde a delitos de amenazas y daño en propiedad ajena doloso, relacionados con un conflicto vecinal que se viralizó en 2021 a través de videos en los que Levy aparece discutiendo y golpeando una puerta.
"Derivado de estas órdenes de aprehensión, la Fiscalía de la Ciudad de México solicitó la activación de alertas migratorias y cooperación internacional, lo que llevó a la emisión de una Ficha Roja por parte de Interpol, con el objetivo de garantizar la localización y conducción del imputado ante las autoridades mexicanas".
Respecto a esta acusación, las penas oscilan entre tres días y un año de prisión por amenazas, pudiendo aumentar hasta ocho años si se considera agravado, y de cinco a diez años por daño doloso en propiedad ajena. La orden se emitió luego de cinco inasistencias de Levy a audiencias entre diciembre de 2021 y octubre de 2022.
La defensa de Simón Levy
Levy ha defendido su inocencia y negó la veracidad de los documentos difundidos. Sobre la acusación ambiental, afirmó que "el caso ambiental se reabrió sin sustento jurídico", mientras que sobre el incidente vecinal comentó que la acusación por amenazas se vincula a un video manipulado, como parte de un conflicto tras un ataque contra su hijo".
Además, denunció un atentado contra su vida, señalando que "Por fortuna, la persona que me cuida me salvó la vida", y aseguró que ha recibido amenazas relacionadas con su postura frente al expresidente y su gobierno. Insiste en que es víctima de persecución judicial, razón por la cual no asistió a las audiencias que derivaron en las órdenes de aprehensión.
Cooperación internacional y medidas cautelares
El Tribunal de Apelaciones de Lisboa impuso a Levy medidas cautelares, incluyendo control de identidad y permanencia, mientras se define su posible entrega a México. Esto generó confusión sobre su paradero, ya que Levy asegura residir en Washington D. C., Estados Unidos, mientras las autoridades mexicanas lo mantienen como sujeto a proceso de extradición.
De ser hallado culpable, las penas combinadas podrían superar los diez años de prisión, además de sanciones económicas y administrativas, consolidando su situación legal como un tema de alto perfil mediático y judicial.
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