ES PRÓFUGO DE NUEVO
Jueza cancela amparo que impedía la detención del contralmirante Fernando Farías, ligado a huachicol fiscal
La jueza Emma Cristina Carlos Ávalos negó la suspensión definitiva que impedía detener al contralmirante Fernando Farías, investigado por huachicol fiscal.
El contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado de encabezar una red de corrupción en aduanas vinculada al contrabando de combustibles, perdió la suspensión judicial que lo protegía contra una orden de aprehensión. La decisión lo coloca nuevamente como prófugo de la justicia y permite a la Fiscalía General de la República (FGR) proceder con su captura.
La decisión judicial
La jueza federal Emma Cristina Carlos Ávalos negó la suspensión definitiva durante una audiencia incidental celebrada este jueves. Con ello, se canceló el amparo que blindaba a Farías frente a una posible prisión preventiva oficiosa en el penal del Altiplano, medida que corresponde al delito por el que es investigado: delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
El fallo se fundamentó en que el contralmirante ya contaba con otra suspensión definitiva concedida dentro del expediente 2098/2025 en un juicio de amparo en Zacatecas. Según la defensa, dicho recurso no fue promovido por voluntad de Farías, sino como parte de procesos ajenos relacionados con otras figuras públicas.
Un revés clave para la defensa
La pérdida de la suspensión implica un golpe importante para el equipo legal del contralmirante. Esta medida no sólo evitaba su detención, sino que también lo protegía de la imposición inmediata de prisión preventiva en caso de que se le vinculara a proceso.
De acuerdo con la defensa, el 30 de septiembre recibieron de la FGR una carpeta de investigación de casi 18 mil 838 páginas, aunque señalaron que varios documentos están incompletos y algunos discos se encuentran vacíos. Entre los faltantes destaca el video "Mx.país.huachicol", analizado por el Centro de Inteligencia Criminal, donde se le acusa junto con su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías, de encabezar al grupo delictivo "Los Primos".
La acusación de la FGR
La FGR imputa a los hermanos Farías —sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán— haber facilitado el contrabando de 31 buques con combustibles a través de aduanas controladas por la Marina en Altamira y Tampico, Tamaulipas.
Mientras el vicealmirante Manuel Roberto ya se encuentra detenido en el Altiplano, Fernando Farías quedó sin la protección legal que le había concedido la jueza Ávalos.
De la suspensión provisional al retiro del amparo
El caso de Farías ha estado marcado por giros judiciales. En un primer momento, la jueza le otorgó una suspensión provisional para evitar su captura, incluso cuando el delito imputado exige prisión obligatoria. Sin embargo, esa medida estaba condicionada a que se presentara a la audiencia inicial.
El miércoles pasado, su defensa solicitó un aplazamiento alegando que la carpeta de investigación no estaba completa. La audiencia se reprogramó para el 20 de octubre, pero la ausencia de Farías y las irregularidades del proceso llevaron a la jueza a revocar el amparo.
Contexto político y presión pública
El retiro de la suspensión ocurrió un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunciara sobre el caso, subrayando que la gravedad del delito ameritaba prisión preventiva. Sus declaraciones intensificaron la presión pública sobre la actuación judicial.
Ahora, con el amparo cancelado, las autoridades podrán ejecutar la orden de aprehensión en contra del contralmirante, considerado uno de los principales prófugos relacionados con la corrupción en el sector energético.
La audiencia inicial ante la jueza de control del Altiplano, Nancy Selene Hidalgo Pérez, está prevista para el 20 de octubre, siempre y cuando el contralmirante sea detenido antes de esa fecha.
Mientras tanto, la defensa insiste en que la FGR debe entregar todos los registros de la investigación para garantizar un juicio justo. El caso, sin embargo, ha escalado en relevancia nacional al exponer la presunta operación de una red de huachicol fiscal dentro de instalaciones controladas por la Marina.
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