Los pendientes con los que arranca la Nueva Corte

Este 1 de septiembre, el Senado de la República fue escenario de un hecho histórico: la primera toma de protesta de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elegidos por voto popular. La sesión solemne, encabezada por Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva, marcó el inicio de un periodo sin precedentes, en el que el máximo tribunal queda reducido a nueve integrantes, cinco mujeres y cuatro hombres.

El evento, cargado de simbolismo indígena y discursos parlamentarios, abrió paso a un escenario complejo: la nueva Corte inicia funciones con mil 168 asuntos pendientes, entre acciones de inconstitucionalidad, amparos directos y en revisión, consultas a trámite y procedimientos orgánicos.

A partir de ahora, los ministros tienen un plazo máximo de seis meses para resolver cada caso, bajo riesgo de sanciones. Además, ya no operarán la Primera y Segunda Sala de la Corte, que hasta junio arrastraban un rezago superior a 600 expedientes. Pero más allá de la carga administrativa, los nuevos ministros deberán enfrentar casos que marcarán el rumbo político, social y económico de México.

¿Cuáles son los pendientes que deberá resolver la nueva Suprema Corte de Justicia?

• Prisión preventiva oficiosa

Uno de los temas más polémicos será la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa, una medida cautelar criticada internacionalmente por violar la presunción de inocencia y el debido proceso.

En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró contraria a la Convención Americana esta figura, derivado del caso de Daniel García y Reyes Alpízar, presos desde 2002 en el Estado de México.

Aunque la SCJN discutió el asunto en agosto pasado, la resolución fue aplazada y ahora quedará en manos de la nueva integración. El proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat propone declarar inconstitucional la ampliación del catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva automática.

• Juicio de Lourdes Mendoza contra Emilio Lozoya Austin

La Corte también deberá resolver el pleito legal entre la periodista Lourdes Mendoza y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, un caso que se ha convertido en símbolo de la lucha de las mujeres periodistas contra la violencia de género en el ámbito político y judicial.

En 2020, durante sus declaraciones ante la FGR por el caso Odebrecht, Lozoya aseguró que, por órdenes de Luis Videgaray, había comprado una bolsa Chanel de entre 4 mil y 5 mil dólares para entregársela a Mendoza a cambio de cobertura favorable en medios. La periodista desmintió categóricamente la versión, calificándola de difamación y un intento de desacreditar su trabajo.

Desde entonces, Mendoza emprendió una batalla legal que ha tenido varias victorias a su favor. En 2022, un juez civil determinó que Lozoya incurrió en daño moral, sentencia confirmada después por tribunales colegiados. Sin embargo, el exfuncionario buscó revertir los fallos mediante recursos de revisión y amparos que llegaron a la SCJN.

El pasado 6 de agosto, el máximo tribunal desechó uno de sus intentos más recientes: un amparo con el que pretendía recusar a las ministras Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El caso sigue abierto y ahora la nueva Corte deberá resolver si Lozoya queda definitivamente señalado como responsable de difamación y obligado a reparar el daño. El fallo será clave, no solo para Mendoza, sino también como precedente sobre la protección de mujeres periodistas frente a declaraciones falsas de funcionarios públicos.

• Banco de ADN para casos forenses

Otro asunto clave es la constitucionalidad del Banco de ADN de la Ciudad de México, creado en 2019 como parte de la estrategia contra delitos de género y de alto impacto. El proyecto contempla la recolección obligatoria de perfiles genéticos de agresores sexuales, personas imputadas e incluso servidores públicos relacionados con áreas sensibles.

Organizaciones como Reinserta y la Red en Defensa de los Derechos Digitales han advertido que el banco viola derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la intimidad y la protección de datos personales. Argumentan que la norma obliga a entregar información genética antes de una sentencia firme, lo que abre la puerta a abusos y a un uso indebido de la información sensible.

El debate es de gran relevancia porque se trata de la primera base de datos de este tipo en México, y su alcance podría extenderse a nivel nacional. El proyecto de sentencia, en manos de la ministra Margarita Ríos Farjat, deberá definir si la medida es constitucional y establecer los límites en la recolección y uso de ADN en investigaciones criminales.

Su resolución sentará un precedente histórico sobre el uso de la genética forense en el país, en un contexto en el que las fiscalías acumulan miles de casos sin resolver por falta de identificación adecuada de víctimas y agresores.

• El caso Salinas Pliego

Los expedientes fiscales del empresario Ricardo Salinas Pliego serán, sin duda, los de mayor impacto económico para la nueva Corte. El SAT calcula adeudos superiores a 74 mil millones de pesos, producto de litigios que datan de 2008 y que involucran a Grupo Elektra y otras empresas de su conglomerado.

En los últimos años, la Corte ya ha fallado en contra del empresario. En 2022, obligó a Elektra a pagar casi 2 mil 800 millones de pesos por un crédito fiscal, lo que Salinas liquidó asegurando que "ya no debía nada". No obstante, el SAT aclaró en 2024 que el monto pendiente ascendía a 74 mil millones de pesos, repartidos en 32 juicios.

Actualmente, tres de esos casos están en manos de la SCJN:

• Amparo en revisión 492/2023: contra disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Mercado de Valores, asignado a la ministra Lenia Batres.

• Amparo 5654/2024: impugnación a un crédito fiscal de más de mil millones de pesos por ISR de 2008, bajo la ponencia de Yasmín Esquivel.

• Amparo 6321/2024: juicio por un crédito de más de 33 mil millones de pesos, en la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán.

Más allá de lo jurídico, este caso pone en juego la credibilidad de la nueva Corte frente al escrutinio público, pues se trata de una de las deudas fiscales más altas en la historia reciente. Para el gobierno federal, la resolución de estos litigios será un termómetro de si la justicia aplica también para los grandes empresarios o si se mantienen los privilegios de las élites económicas.

• Reformas exprés del "viernes negro"

El 28 de abril de 2023, en una maratónica sesión, Morena y sus aliados aprobaron 20 reformas en menos de 12 horas, lo que la oposición bautizó como el "viernes negro". El paquete legislativo incluyó modificaciones en materia administrativa, militar, laboral y de vivienda, muchas de ellas con impacto directo en políticas públicas estratégicas.

Entre los puntos más controversiales se encuentran el decreto que entregó a la Sedena el control operativo del Tren Maya, obra emblemática de la pasada administración, y los cambios a la Ley del ISSSTE sobre créditos de vivienda, que afectan a cientos de miles de trabajadores al servicio del Estado.

Varias de estas reformas fueron impugnadas por la oposición y ya están bajo revisión de la Corte. La discusión se centrará en determinar si su aprobación respetó los procedimientos parlamentarios, pues fueron votadas sin deliberación suficiente, en un proceso que críticos califican como una violación al principio de democracia deliberativa.

• La amnistía presidencial

Uno de los debates de mayor tensión política será el análisis de la reforma que faculta al presidente de la República a otorgar amnistía de manera directa. Publicada en junio de 2024, en los últimos meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la medida fue presentada como una herramienta humanitaria para liberar a personas injustamente encarceladas.

Sin embargo, la oposición sostiene que la reforma invade facultades exclusivas del Congreso y abre la puerta a que la Presidencia utilice la amnistía con fines políticos, beneficiando selectivamente a aliados o grupos cercanos al poder.

La acción de inconstitucionalidad fue turnada al ministro Javier Laynez y ahora será la nueva Corte la que determine si el Ejecutivo puede ejercer este poder sin pasar por el Legislativo. El fallo definirá los alcances del presidencialismo en México y marcará un precedente sobre el equilibrio de poderes en el país.

• Una Corte bajo la lupa

La transformación del Poder Judicial ya está en marcha: la reforma redujo la SCJN de once a nueve ministros, eliminó las salas especializadas y fijó plazos más estrictos para los amparos, con la promesa de hacer más ágil la justicia y acercarla a la gente.

Pero el verdadero desafío no está en la arquitectura institucional, sino en la capacidad de los ministros, electos por primera vez en las urnas, de demostrar que la justicia puede imponerse a los intereses políticos, económicos y a las élites que por años usaron a los tribunales como escudo.

Cada fallo será decisivo: lo que resuelva la nueva Corte no solo marcará el destino de las políticas públicas y el equilibrio entre poderes, también pondrá en juego la credibilidad de las instituciones. México está frente a una disyuntiva: tener una Corte que rompa con décadas de impunidad o una que perpetúe las viejas inercias.

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