"Amenaza para el país": así era el modus operandi en prisión de los narcos extraditados a EE.UU.

El Gobierno de México concretó el traslado de 26 generadores de violencia hacia Estados Unidos, en una operación conjunta con autoridades de ese país. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, estos delincuentes, pese a estar encarcelados, continuaban coordinando secuestros, extorsiones, homicidios y otras actividades ilícitas desde los centros penitenciarios.

"Estos delincuentes de alto perfil que aún privados de su libertad continuaban dirigiendo actividades ilícitas, mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos", explicó el funcionario en conferencia de prensa. Dichos encuentros eran aprovechados para transmitir órdenes, amenazar a servidores públicos y mantener redes de corrupción.

Riesgo de fuga y amparos para reducir la vigilancia

Varios de los extraditados habían obtenido amparos que les permitieron ser trasladados a cárceles de menor seguridad, lo que incrementaba el riesgo de que siguieran operando o incluso se fugaran. Otros buscaban resoluciones judiciales para su liberación anticipada.

"Existían también litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada, lo que de haberse concretado significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas", señaló.

La medida se tomó bajo el criterio de seguridad nacional, con el objetivo de impedir que estos líderes criminales siguieran ejerciendo control desde prisión.

Los extraditados enfrentan procesos en Estados Unidos por delitos como homicidio, tráfico de personas, trasiego de drogas, portación de armas de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada. Según el gabinete de seguridad, son responsables de "privar de la vida a personas inocentes, ordenar o participar en ataques contra autoridades" y de "generar violencia y temor en comunidades enteras por muchos años".

Considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas vinculadas con delitos de alto impacto y que representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos, es por ello que el gabinete de seguridad en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República procedió a realizar el traslado de estos objetivos", añadió.

Operativo de gran escala

En la operación participaron 988 elementos y 90 vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, SSPC y Fiscalía General de la República.

Desde la Base Aérea Militar No. 1, once aeronaves de la Sedena y una de la Semar trasladaron a los detenidos a distintas ciudades de Estados Unidos: ocho a White Plains, uno al aeropuerto JFK en Nueva York, cinco a San Diego, seis a Phoenix y seis a Virginia.

La SSPC recordó que en febrero se trasladó a otros 29 criminales, cuyos procesos habían sido pospuestos por años. Por ejemplo, a Miguel Treviño Morales, alias "Z-40", se le aplazó su extradición en 79 ocasiones, mientras que a Omar Treviño Morales, "Z-42", en 54. Ambos fueron señalados como responsables del homicidio de 17 servidores públicos en penales federales.

Sin negociación con EE.UU. y sin pena de muerte

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aclaró que no existe ningún acuerdo político a cambio de las extradiciones y que la condición de México es que no se aplique la pena de muerte a los entregados. "No es materia de negociación, es un requerimiento que nosotros tenemos que incorporar a nuestra legislación... estas condiciones no se negocian, son un hecho", afirmó.

Los rostros detrás de la extradición

Entre los 26 extraditados figuran figuras clave de cárteles mexicanos y organizaciones criminales internacionales. Destaca Abigael González Valencia, alias "Cuini", líder de Los Cuinis y cuñado de Nemesio Rubén "El Mencho" Oseguera Cervantes, máximo jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Capturado en Puerto Vallarta en 2015, su proceso de extradición fue frenado durante casi una década. En su círculo cercano, uno de sus hermanos ya fue condenado a 30 años en Estados Unidos por tráfico internacional de cocaína.

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También fue entregado Roberto Salazar, acusado del asesinato en 2008 de Juan Escalante, alguacil del condado de Los Ángeles. Junto a él, Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez, señalados como jefes del aparato de seguridad de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, y presuntos responsables de ataques armados contra fuerzas militares en México.

En la lista aparece Abdul Karim Conteh, ciudadano de Sierra Leona, acusado de encabezar una red internacional de tráfico de personas que introducía migrantes a Estados Unidos mediante túneles y escaleras. A diferencia de los demás, enfrenta una pena máxima de 45 años y no cadena perpetua.

Otro de los extraditados, Leobardo García Corrales, es identificado como operador del Cártel de Sinaloa y presunto traficante de fentanilo a cambio de armas de grado militar. Según las autoridades estadounidenses, mantiene vínculos cercanos con Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Operadores del Mayo Zambada y líderes de laboratorios clandestinos

Luis Raúl Castro Valenzuela, alias "Chacho", enfrenta cargos por el secuestro de un ciudadano estadounidense. A él se suma Juan Carlos Félix Gastelum, yerno de Ismael "El Mayo" Zambada y presunto operador de laboratorios clandestinos de metanfetamina en Sinaloa y Durango, acusado de traficar grandes volúmenes de metanfetamina y cocaína hacia territorio estadounidense.

Otro nombre relevante es Pablo Edwin Huerta Nuno, alias "Flaquito", señalado como un jefe criminal con más de 15 años de operaciones ilícitas, responsable de suministrar toneladas de droga —incluyendo fentanilo y cocaína— a redes de distribución en California.

La lista se completa con Enrique Arballo Talamantes, Benito Barrios Maldonado, Francisco Chávez, Baldomero Fernández Beltrán, Ismael Enrique Fernández Vázquez, José Carlos Guzmán Bernal, Anton Petrov Kulkin, Roberto Omar López, José Francisco Mendoza Gómez, Hernán Domingo Ojeda López, Daniel Pérez Rojas, Juan Carlos Sánchez Gaytán, David Fernando Vásquez Bejarano, José Antonio Vivanco Hernández, Mauro Alberto Núñez Ojeda, Jesús Guzmán Castro y Servando Gómez Martínez.

Todos ellos, según el gabinete de seguridad, formaban parte de redes criminales con capacidad de operar desde prisión, generar violencia transnacional y mantener estructuras de corrupción e intimidación

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