- 09 de junio de 2025
Autoridades buscan establecer una tarifa justa que garantice el abasto del combustible sin afectar la economía de las familias mexicanas.

La Secretaría de Energía (SENER) sostuvo una reunión clave con representantes de la industria del gas licuado de petróleo (LP), en la que ambas partes acordaron iniciar un proceso de revisión técnica de los costos operativos relacionados con la distribución del energético en todo el país. El objetivo es definir una tarifa justa que permita mantener la viabilidad del servicio sin poner en riesgo el abasto ni impactar negativamente en el bolsillo.
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Durante el encuentro, se acordó que la revisión incluirá tanto a asociaciones como a empresas distribuidoras, quienes presentarán datos y documentación que permitan sustentar cualquier posible ajuste, siempre con base en criterios técnicos y financieros verificables.
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No habrá aumentos al consumidor
Uno de los puntos centrales de la mesa de diálogo fue el compromiso conjunto de no aplicar incrementos al precio final que pagan los consumidores. De acuerdo con lo expresado por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (AMEXGAS), esta revisión responde exclusivamente a la necesidad de mantener la operación segura y sostenible del sector, sin trasladar costos adicionales al usuario final.
Rocío Robles, presidenta ejecutiva de AMEXGAS, subrayó que el análisis que se realiza con la SENER tiene un enfoque técnico y está alineado con las condiciones favorables del mercado internacional.
"Estamos compartiendo toda la información necesaria para que las decisiones se tomen con base en datos comprobables y objetivos. Lo que buscamos es un equilibrio entre el abasto confiable y la estabilidad económica de las familias", señaló.
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Tarifa actual no cubre los costos de operación: gaseras
Desde hace meses, empresas distribuidoras han advertido que la tarifa vigente no alcanza para cubrir los gastos indispensables que implica el proceso de distribución, especialmente en zonas con costos logísticos elevados. Este desfase, señalan, amenaza con afectar la seguridad operativa, el mantenimiento de infraestructura y, en casos extremos, la continuidad del suministro.
En ese contexto, las gaseras insisten en que una actualización de la tarifa no debe entenderse como un aumento al precio del gas LP, sino como una medida necesaria para evitar la paralización de servicios en regiones vulnerables del país.
La revisión tarifaria se produce en un momento estratégico, en el que el sector enfrenta desafíos crecientes derivados del aumento en los costos de operación, el mantenimiento de vehículos y equipos, así como la necesidad de cumplir con regulaciones de seguridad cada vez más exigentes.
Al mismo tiempo, las familias mexicanas dependen del gas LP como su principal fuente de energía para cocinar, calentar agua y realizar otras tareas cotidianas. Garantizar su abasto seguro, accesible y continuo es una prioridad compartida por el gobierno y la industria.
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