LA VIOLENCIA ACECHA LA JUSTICIA
Elección del Poder Judicial, bajo fuego: crimen organizado amenaza los comicios en 8 estados
Por primera vez en la historia de México, la ciudadanía elegirá a jueces, magistrados y ministros. Pero la sombra del crimen organizado amenaza con empañar las urnas.
A un día de que millones de mexicanos acudan a las urnas para participar en la inédita elección popular del Poder Judicial, un nuevo foco rojo se enciende sobre el país: al menos ocho entidades enfrentan un riesgo alto de violencia por parte del crimen organizado, advierte México Evalúa.
Después de un proceso electoral marcado por el asesinato y la intimidación de más de 550 personas —la jornada más violenta en la historia reciente del país—, los comicios del próximo 1 de junio representan no solo un paso inédito hacia la democratización del sistema judicial, sino también un campo fértil para la intervención de poderes fácticos.
Ocho estados en riesgo extremo
Según el informe de la organización, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Michoacán y Colima concentran un nivel de riesgo "alto" o "muy alto" debido a la disputa territorial entre diversos cárteles, que han convertido a los procesos electorales en escenarios de violencia político-criminal.
Tan solo en Baja California, ciudades como Tijuana, Ensenada y Tecate son terreno de enfrentamiento entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG. Algo similar ocurre en Chihuahua, donde operan al menos cuatro grupos: el Cártel de Juárez, Los Mexicles, el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.
En el caso de Veracruz, la situación es especialmente preocupante. Además de los asesinatos y amenazas registrados contra aspirantes en elecciones previas, los candidatos judiciales también han comenzado a recibir mensajes intimidatorios.
Una elección inédita... y peligrosa
Esta elección, que dará inicio formalmente a sus campañas el 30 de marzo de 2025, marcará la primera vez que jueces, magistrados y hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos por voto ciudadano.
Cerca de 99 millones 771 mil 533 ciudadanos están llamadas a elegir entre más de 4 mil candidaturas para ocupar 881 cargos: 9 ministros de la SCJN, 2 magistrados del Tribunal Electoral federal, 14 magistraturas regionales, 5 del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 jueces de distrito.
Pero según México Evalúa, este proceso corre el riesgo de ser cooptado por el crimen organizado mediante prácticas como la imposición de candidaturas, el financiamiento ilícito de campañas y la manipulación del voto.
"La violencia político-criminal se ha convertido en una herramienta recurrente mediante la cual los grupos delictivos buscan influir en decisiones clave del país", advierte la organización. No se trata únicamente de amenazas o asesinatos: también hay una guerra silenciosa de infiltración que afecta a candidaturas, estructuras electorales y hasta al aparato judicial.
En paralelo, otras siete entidades presentan riesgo medio de violencia electoral: Sonora, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala. Solo cuatro estados se mantienen en riesgo bajo: Coahuila, Durango, Aguascalientes y Yucatán.
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¿Un Poder Judicial al servicio de quién?
México Evalúa subraya que este proceso es fundamental para el futuro del país. "La importancia de contar con un poder judicial al servicio del Estado de derecho y la ciudadanía —y no de poderes fácticos— debería ser razón suficiente para que las autoridades federales actúen de inmediato", se lee en el documento.
Además de mayor seguridad para los aspirantes, la organización urge una transformación profunda del Estado de derecho, con instituciones profesionales y responsables, cuerpos de seguridad efectivos y una política pública orientada al bienestar colectivo.
Con la comunidad internacional observando de cerca, esta elección representa un parteaguas: México no sólo decide el rumbo de su justicia, sino también el de su democracia. La legitimidad de este proceso depende de que los ciudadanos puedan votar en paz. Y por ahora, esa paz está en entredicho.
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