- 23 de abril de 2025
En el Senado se preparan legalmente contra perfiles que incumplen con la probidad exigida; alertan sobre nexos con el crimen organizado y exigen su exclusión antes de las elecciones judiciales.

La elección judicial en México se ha visto afectada por denuncias de omisiones legislativas. Mientras las boletas ya están impresas, diputados y senadores de Morena se preparan para impugnar la candidatura de al menos veinte aspirantes al Poder Judicial, acusados de no cumplir con el requisito de probidad. Los señalamientos van más allá, algunos de ellos habrían defendido a narcotraficantes o formado parte de sectas religiosas.
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El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, anunció que tanto la Cámara baja como el Senado están preparando una impugnación legal en contra de varios perfiles aspirantes a cargos dentro del Poder Judicial. El motivo, un presunto incumplimiento con el principio de probidad, indispensable para quienes buscan ocupar funciones de alto nivel en la impartición de justicia.
Gutiérrez Luna, afirmó que existen indicios de que algunas de las personas que lograron colocarse en las listas de aspirantes no cumplen con los requisitos éticos mínimos. "Hay personas que podrían no cumplir con el requisito de probidad", expresó el diputado, quien aseguró que ya existe coordinación con senadores para preparar la acción legal correspondiente.
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Según el diputado, el Senado de la República lleva la delantera en esta revisión y será la Cámara alta quien entregue a los diputados el listado de los perfiles potencialmente cuestionables. "Estoy esperando que cuando tengan esa relación la puedan compartir con nosotros para hacer nuestra propia evaluación y también presentar nuestro recurso jurídico", apuntó Gutiérrez Luna.
Nombres aún bajo revisión
Aunque todavía no hay nombres concretos, se ha confirmado que el análisis está en curso y será determinante para definir las impugnaciones formales. Gutiérrez Luna también fue enfático al señalar que este proceso no representa un fracaso institucional, sino una oportunidad para filtrar, con mayor rigor, a quienes no cumplen con los estándares de integridad necesarios.
"Fue una convocatoria abierta. Muchas personas pudieron inscribirse incluso con información falsa. Lo importante es que ahora tenemos oportunidad de depurar y corregir si es necesario. No es un problema, es una fase del proceso", defendió.
Mientras tanto, Gerardo Fernández Noroña fue claro al señalar que no es necesario esperar los resultados de la elección judicial para remover a quienes no sean idóneos. "No hay por qué esperar a que pase la jornada. Si sabemos que hay personas con vínculos con el crimen, deben ser retiradas ya", sentenció.


Noroña, quien también preside la Mesa Directiva del Senado, denunció que al menos una veintena de aspirantes tienen antecedentes preocupantes. Algunos, dijo, fueron defensores de capos del narcotráfico; otros han sido jueces que otorgaron sistemáticamente amparos a miembros del crimen organizado.
"Si un defensor público de narcotraficantes está en la lista, debe ser retirado. Si un juez liberó a criminales una y otra vez, tampoco puede ser parte del Poder Judicial", exhortó.
Críticas desde la oposición
Ricardo Anaya no dudó en calificar el proceso como un "camino hacia una narcoelección", y señaló que la bancada mayoritaria en el Senado está actuando con doble moral: "Primero generaron el problema, y ahora quieren arreglarlo con impugnaciones. El ridículo es total y el daño al país, profundo".
Anaya recordó el caso de Fernando Escamilla, abogado defensor de Miguel Treviño Morales, alias "Z-40", propuesto como candidato por el Poder Ejecutivo. También mencionó a Job Wong Ibarra, postulado como magistrado de circuito, quien además es ministro de la iglesia La Luz del Mundo. Ambos, dijo, son prueba de la falta de filtros en el proceso.
El priista Rolando Zapata también advirtió que México está frente a una elección judicial que podría ser manchada por vínculos con el crimen organizado. "Se evidencian contradicciones, prisas, errores que ahora generan efectos muy graves", aseguró.
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Desde Movimiento Ciudadano, la senadora Amalia Medina hizo eco del discurso de Noroña, pero fue aún más contundente: "Estamos a tiempo de corregir. A un mes de la elección, urge depurar candidaturas. La justicia requiere perfiles éticamente intachables".
El Instituto Nacional Electoral (INE) también se ha convertido en parte del conflicto. Según sus lineamientos, los nombres ya impresos en las boletas no pueden ser eliminados, pero los legisladores aseguran que eso no significa que las candidaturas sean válidas. "El nombre puede estar, pero eso no las hace elegibles", explicó Noroña, quien insiste en que aún se puede impedir legalmente que estas personas lleguen al cargo.
Fernández Noroña descartó que haya responsabilidad por parte del Comité de Evaluación, que procesó las postulaciones sin recibir remuneración alguna. "No hubo mala fe. Procesaron cientos de expedientes en poco tiempo y sin pago. No es justo pedirles cuentas ahora", dijo sarcástico. "¿Vamos a hacerle juicio político a 500 diputados y 128 senadores? Hay que bajarle a la crítica sin fundamento", ironizó.
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