Sheinbaum y servidores públicos podrán promover la elección judicial

La elección judicial del próximo 1 de junio podrá ser promovida por Claudia Sheinbaum, gobernadores, legisladores y cualquier servidor público del país. Así lo resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras una controvertida sentencia que desmantela el acuerdo previo del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual prohibía a autoridades y funcionariado hacer difusión del proceso.

Con tres votos a favor y dos en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral avaló que los entes públicos sí pueden realizar campañas institucionales para incentivar la participación ciudadana en este inédito proceso de elección de jueces, magistrados y ministros, siempre y cuando se apeguen a una serie de reglas estrictas que eviten la propaganda personalizada o partidista.

Revés al INE

El acuerdo invalidado había sido aprobado por el INE el pasado 29 de marzo. En él se prohibía expresamente a las instituciones públicas y a sus representantes usar recursos públicos para promover la elección judicial. La medida buscaba garantizar la equidad y la imparcialidad durante las campañas, que comenzaron el 30 de marzo y terminarán el 28 de mayo.

Sin embargo, el TEPJF determinó que el INE no tiene el monopolio de la promoción electoral. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, autor del proyecto de sentencia aprobado, argumentó que la autoridad electoral no cuenta con una facultad "exclusiva y excluyente" para fomentar la participación ciudadana.

"El INE no puede silenciar al resto del Estado", resumió la magistrada presidenta Mónica Soto durante la discusión. En su opinión, impedir que otros actores del gobierno promuevan la votación vulnera principios democráticos y limita el derecho a la información de la ciudadanía.

Promoción sí, pero bajo estrictas reglas

Aunque el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) permite a gobiernos y servidores públicos promover la elección judicial del 1 de junio, también impone un conjunto de restricciones para evitar que dicha participación se transforme en propaganda disfrazada. 

La sentencia, redactada por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, establece que la participación de instituciones públicas en la promoción del proceso electoral solo será válida si tiene como único objetivo fomentar la participación ciudadana, sin hacer alusión o brindar apoyo a ninguna candidatura en particular.

La sentencia incluye un decálogo de diez reglas que establecen los límites de esta promoción. Entre los puntos clave están la prohibición de mencionar a personas candidatas o incluir sus imágenes, la obligación de mantener un tono institucional e imparcial, y la restricción de utilizar logotipos, nombres o colores oficiales de los entes promotores. Además, se prohíbe que personas servidoras públicas que también sean candidatas participen en la difusión institucional.

Las acciones de promoción sólo podrán tener fines informativos, educativos o didácticos, y en ningún caso deberán favorecer directa o indirectamente a algún partido político, coalición o candidatura. Incluso en redes sociales y medios digitales, los contenidos deberán cumplir con estas condiciones, y cualquier pauta publicitaria deberá ser reportada al INE para su supervisión.

Votos en contra: advertencia de un posible uso político de recursos públicos

No todos los magistrados estuvieron de acuerdo con la resolución. Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón se manifestaron en contra del fallo, argumentando que contradice los principios constitucionales sobre el uso de recursos públicos en tiempos electorales.

Ambos señalaron que el artículo 134 de la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) prohíben expresamente la propaganda gubernamental durante procesos de elección, lo que, en su opinión, hace inviable la interpretación adoptada por la mayoría.

El magistrado Rodríguez fue particularmente enfático al advertir que, al permitir que los Poderes de la Unión y los gobiernos locales promuevan el proceso electoral en el que ellos mismos postularon candidatos, se corre el riesgo de que esa promoción institucional se convierta en una forma de respaldo implícito.

"Hay una imposibilidad práctica de separar la promoción general del proceso de un respaldo implícito a las candidaturas que postularon los propios poderes", afirmó.

Por su parte, Otálora destacó que la ley es clara al prohibir el uso de recursos públicos para fines de propaganda en procesos relacionados con la elección de integrantes del Poder Judicial, y consideró que el fallo del TEPJF podría sentar un precedente preocupante en términos de equidad electoral y uso neutral de recursos del Estado.

Morena celebra

La resolución fue recibida con entusiasmo entre las filas de Morena. Tanto Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, como Sergio Gutiérrez Luna, líder de la Cámara de Diputados, celebraron el fallo.

Fernández Noroña destacó que permitirá informar ampliamente sobre una elección inédita en México, mientras que Gutiérrez Luna calificó el fallo como una victoria frente a un intento de censura. "Una ciudadanía informada y participativa es la base de una democracia sólida", escribió en redes sociales.

¿Qué se elegirá el 1 de junio?

Este proceso histórico contempla la elección directa de:

• 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
• 2 magistraturas de la Sala Superior del TEPJF
• 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF
• 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial
• 464 magistraturas de Circuito
• 386 juezas y jueces de Distrito

La decisión del TEPJF marca un parteaguas en la relación entre los poderes del Estado y las autoridades electorales, en un contexto de transformación del Poder Judicial impulsado por el gobierno federal. De aquí al 1 de junio, México vivirá un experimento democrático sin precedentes... con todas las tensiones que eso implica.

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