La 4T concreta su gran anhelo, la extinción de los órganos autónomos

La controvertida reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la desaparición de siete órganos y entidades autónomos, incluido el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), está a un paso de su consumación. 

Con 347 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en lo general el dictamen constitucional que disuelve el organismo encargado de velar y garantizar la transparencia de los tres poderes del Estado y de organismos descentralizados. 

Poco antes de terminar su mandato, López Obrador hizo esta propuesta con el objetivo de que el recorte millonario de presupuesto se destine para financiar el reparto de pensiones y otros programas sociales que impulsa y que han sido un sello distintivo de su Administración.

Sin embargo, para la oposición y especialistas, la propuesta podría significar un retroceso democrático, además de abrir la puerta a un mayor control político sobre áreas que requieren neutralidad y autonomía —como el acceso a la información y exigencia de transparencia al gobierno.

Dichos organismos tienen la responsabilidad de llevar a cabo funciones específicas independientes al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De acuerdo con especialistas, estos órganos son fundamentales para la vida democrática del país, ya que su independencia les permite operar sin estar sujetos a las influencias políticas directas, y así garantizar imparcialidad y objetividad.

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¿Qué organismos autónomos desaparecerán?

Junto con el INAI, la propuesta aprobada también incluye la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), como órganos autónomos.

También plantea eliminar la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoradu). 

¿Qué pasará después de la extinción de los organismos autónomos?

Ante la eliminación del INAI y de los demás órganos, serán las dependencias públicas las que se encarguen de la tarea de garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales. 

El INE será responsable de temas de acceso a la información y protección de datos de los partidos políticos, mientras que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se encargará de estos temas para los sindicatos. 

La Plataforma Nacional de Transparencia - a través de la cual ciudadanos pueden realizar peticiones de información a las dependencias - seguirá funcionando y pasará a la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que reemplazará a la Secretaría de la Función Pública, cuya titular es Raquel Buenrostro. Esta Secretaría se enfocará en combatir la corrupción y fortalecer la transparencia en el gobierno.

Las funciones de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), creada en 2019 durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, serán transferidas a la Secretaría de Educación Pública (SEP). Mejoredu, cuyo objetivo es impulsar la mejora continua del sistema educativo, se enfoca en realizar estudios, evaluaciones para el desarrollo docente y escolar, así como en coordinar esfuerzos entre las distintas autoridades educativas.

Las tareas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) pasarán al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). Ahora este organismo será el encargado de "la mediación de la pobreza y la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social". 

Las facultades y atribuciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), encargada de supervisar, promover y garantizar la competencia y la libre concurrencia en el país, serán transferidas a la Secretaría de Economía. De igual manera, las funciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), que regula la exploración y extracción de hidrocarburos, y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), responsable de fomentar la competencia, proteger a los usuarios y garantizar la estabilidad y seguridad en el suministro energético, también pasarán a esta misma dependencia.

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Las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), encargado de regular, promover y supervisar el uso del espectro radioeléctrico, las redes y los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, pasarán a un nuevo organismo que se creará en las próximas semanas: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que será dirigida por José Merino.

Se estima que el presupuesto de estos organismos será destinado al Fondo de Pensiones para el Bienestar, a pesar de que las instituciones aparecieron en el listado del Presupuesto de Egresos de la Federación. Tras la aprobación en lo particular, la reforma constitucional concluirá su proceso en el Senado, previsto para la siguiente semana. 

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