Reforma a la Guardia Nacional: ¿En qué consiste y cuándo se busca aprobarla?

Luego de que la Reforma al Poder Judicial fue aprobada, el Gobierno Federal ha puesto su atención en otra iniciativa controversial: la modificación de la Guardia Nacional. Esta nueva propuesta ha generado un acalorado debate en el Congreso y en la sociedad, ya que busca transformar a la Guardia Nacional en una fuerza de seguridad pública bajo mando militar, adscribiéndola a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, plantea modificar 12 artículos de la Constitución, lo que implicaría la militarización de este cuerpo de seguridad, que originalmente fue concebido como una entidad civil. El proyecto propone que la Guardia Nacional sea una institución de carácter permanente, con formación militar, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

El cambio hacia un mando militar

Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la incorporación de la Guardia Nacional al fuero militar. Esto significaría que los miembros de la Guardia estarían sujetos a los tribunales militares, los cuales operan bajo reglas distintas a las del sistema judicial civil.

Las organizaciones civiles, como Intersecta, han advertido que esta medida podría erosionar los controles civiles sobre las fuerzas de seguridad, reduciendo la transparencia y la rendición de cuentas en casos de abuso o violaciones a los derechos humanos.

Además, la iniciativa otorga a la Guardia Nacional facultades adicionales, como la posibilidad de investigar delitos bajo la dirección del Ministerio Público, un rol que tradicionalmente ha sido exclusivo de las autoridades civiles. Al consolidar el mando militar, esta reforma pone en cuestión el futuro de la seguridad pública en México y el papel que las fuerzas armadas desempeñarán en la vida cotidiana del país.

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¿Qué dice la oposición?

El bloque opositor en la Cámara de Diputados, encabezado por el PRI, ha expresado su rechazo a la iniciativa. Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del PRI, criticó duramente la propuesta, argumentando que la militarización de la Guardia Nacional desmantelaría la estrategia original de seguridad al integrar este cuerpo civil al Ejército.

Moreira advirtió que esta reforma no solo reduciría la capacidad operativa de la Guardia Nacional, sino que también podría afectar negativamente la seguridad en los estados y municipios, que quedarían sin los recursos necesarios para enfrentar el crimen local.

El PRI ha sido enfático al señalar que no apoyará la reforma mientras no se conozca el plan de seguridad de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Moreira también acusó a Morena de apresurar la discusión y aprobación de esta iniciativa, sin dar espacio para un análisis profundo ni un consenso real sobre las implicaciones de la medida.

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Las organizaciones de derechos humanos también han manifestado su preocupación por las posibles repercusiones de esta reforma. La principal crítica radica en que la militarización de la Guardia Nacional podría debilitar los mecanismos de control civil sobre las fuerzas armadas, lo que aumentaría el riesgo de violaciones a los derechos humanos.

Al ser parte del fuero militar, los miembros de la Guardia Nacional podrían quedar exentos de juicios civiles en casos de abuso, lo que para algunos especialistas representaría un retroceso en términos de transparencia y justicia.

Otro aspecto que ha generado inquietud es la posibilidad de que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada participen de forma permanente en la seguridad pública, lo que, según los críticos, podría normalizar el uso de fuerzas armadas en tareas de vigilancia y patrullaje, áreas que en la mayoría de los países están reservadas para cuerpos policiales civiles.

¿Cuándo se aprobará la reforma?

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que la reforma en materia de la Guardia Nacional será sometida a discusión y votación por el pleno el próximo jueves. De ser aprobada, esta reforma se convertiría en la tercera modificación constitucional impulsada por AMLO  antes de que termine su mandato el 30 de septiembre.

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