Con respaldo del PRI, Morena y sus aliados del PT y PVEM alcanzaron la mayoría calificada y aprobaron una reforma constitucional para que el Ejército se mantenga en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2028.
La reforma fue aprobada por 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención. Ahora la minuta pasará al Senado de la República para su dictaminación.
La iniciativa del PRI cambió en dos ocasiones el periodo propuesto para la presencia militar en las calles ya que originalmente se propuso hasta 2028, pero en la Comisión de Puntos Constitucionales se amplió hasta 2029 la propuesta del tricolor.
Finalmente, en el Pleno el PT propuso, y fue aceptado por la mayoría, que el plazo concluya en 2028, es decir una ampliación de nueve años que comienza a partir de 2019.
La minuta modificará el artículo 5º transitorio que busca modificar la reforma constitucional con la cual se creó la Guardia Nacional en marzo de 2019 y que establece que durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del decreto en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial el Presidente puede disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Senado ya recibió minuta
La reforma recién aprobada que permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2028, ya fue recibida en el Senado de la República para su análisis.
Así lo dio a conocer el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, a través de su cuenta de Twitter, donde señaló que la minuta será remitida a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.
“Como a cada reforma constitucional, le será aplicado el procedimiento legislativo en todas sus etapas”, escribió en su publicación.
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Cabe recordar que el pasado 9 de septiembre Morena y sus aliados aprobaron una reforma que transfiere el control de la Guardia Nacional, actualmente bajo mando civil, a la Secretaría de la Defensa Nacional.
La enmienda fue propuesta por el presidente Andrés López Obrador como parte de su estrategia para combatir al crimen organizado y la ola de violencia que golpea al país desde hace más de 15 años.