El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró este lunes inaplicable el decreto de interpretación auténtica sobre propaganda gubernamental en la revocación de mandato, ejercicio democrático que se realizará el próximo 10 de abril.

En sesión privada y por mayoría de votos, la Sala Superior del TEPJF resolvió, por una parte, declarar inaplicable el decreto de interpretación auténtica del concepto de "propaganda gubernamental", dentro del procedimiento de revocación de mandato, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 17 de marzo.

El Senado aprobó ese día el decreto que interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental y con el que se permitía a los funcionarios promocionar el ejercicio de revocación de mandato, salvo la prohibición de no usar recursos públicos.

Con este decreto, los funcionarios públicos evadían la veda electoral, que les impedía realizar expresiones (entendidas como declaraciones, difusión y mensajes en redes sociales) en medio de procesos electorales o de consultas, como la de revocación de mandato.

Desplegado en apoyo a AMLO, ilegal

El TEPJF confirmó también las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordenó a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y a Morena eliminar de sus redes sociales la publicación en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El tribunal indicó que se estimó que el documento titulado Gobernadores y gobernadoras de la 4ta Transformación se trataba de propaganda gubernamental difundida en periodo prohibido, calificada previamente como aparentemente ilegal por el INE.

Movimiento Ciudadano (MC) presentó una denuncia en contra de Sansores y de Morena por difundir el pasado 13 de febrero en sus redes sociales el documento y la Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró procedentes las medidas cautelares solicitadas por MC y ordenó retirar las publicaciones denunciadas.

Inconforme con lo anterior, Morena promovió un medio de impugnación y alegó, principalmente, que las publicaciones no son propaganda gubernamental, sino posicionamientos políticos que pueden difundirse dentro y fuera de procesos electorales.