Juzgarán a exfuncionarios por sustraer informe de la Casa Blanca de Peña Nieto
Un juez de control vinculó a proceso a tres exfuncionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP), quienes habrían desaparecido el expediente sobre la llamada Casa Blanca del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), propiedad que según una investigación periodística costó 86 millones de pesos.
Jesús Carreño Camacho, Jesús Antonio Juárez y Daniel Pérez, todos exfuncionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP), serán juzgados por ejercicio ilícito del servicio público, luego de que supuestamente "desaparecieran" el expediente sobre la llamada Casa Blanca del expresidente Enrique Peña Nieto (EPN).
Un juez de control ordenó vincularlos a proceso a dos años de que la misma SFP, ahora comandada por Irma Eréndira Sandoval, hiciera hasta 33 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles actos de corrupción, entre los que figura la presunta sustracción del expediente de la Casa Blanca.
Función Pública anunció que cooperará en las investigaciones que están siendo realizadas por la Fiscalía de Investigación; en 2019 fue el Órgano Interno de Control de la SFP, quien detectó que el documento original de la auditoría a la Casa Blanca había sido sustituido por una copia, donde se omitían aspectos relevantes.
Las personas juzgadas ocuparon los siguientes puestos; exsubsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas; exdirector general de Denuncias e Investigaciones; y exdirector General Adjunto de Investigaciones.
La llamada Casa Blanca es una residencia ubicada en la calle de Sierra Gorda no.150, en la colonia Lomas de Chapultepec, la cual apareció públicamente en una sesión de fotos que la entonces primera dama, Angélica Rivera, hizo para la revista Hola, en el año 2013.
Carmen Aristegui, quien aún era conductora de MVS Radio, encabezó una investigación donde se descubrió que la residencia, valuada en 86 millones de pesos, habría sido concedida al matrimonio Peña-Rivera, a cambio de que la Constructora Teya obtuviera la licitación del tren rápido México-Querétaro, obra que no se llevó a cabo.
La ostentosa residencia contaba con seis habitaciones, destinadas a los hijos de la familia presidencial, así como una recámara principal y un área de spa; el sobrenombre fue a causa del color blanco tanto en exteriores como en interiores.
En 2014, y tras el revuelo generado, la misma Angélica Rivera salió a decir que la casa era suyo, fruto de su trabajo como actriz de televisión y presentó una documentación, donde se aseguraba que la residencia costó 54 mdp.
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