PENAS DE HASTA 70 AÑOS
Sheinbaum impulsa reforma histórica: Senado avala unificar el feminicidio en todo México
La iniciativa de la presidenta busca crear una Ley General que homologue la investigación y sanción del delito; apuntan a reducir la impunidad y garantizar justicia para las víctimas
En una crisis persistente de violencia de género, el Senado de la República dio luz verde a una reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca transformar la manera en que se investiga y castiga el feminicidio en México. La propuesta plantea establecer reglas claras y uniformes en todo el país, en un intento por cerrar brechas legales y fortalecer el acceso a la justicia.
¿Qué propone la reforma de Sheinbaum?
El dictamen aprobado por unanimidad modifica el artículo 73 de la Constitución para otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir una Ley General en materia de feminicidio. Esto permitirá unificar la definición del delito, así como los criterios para su investigación, persecución y sanción en todas las entidades federativas.
Actualmente, cada estado cuenta con su propia tipificación, lo que ha generado inconsistencias en la clasificación de casos y diferencias en la aplicación de la justicia. Con esta reforma, se busca establecer un marco legal común que obligue a todas las autoridades a actuar bajo los mismos lineamientos.
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Cifras que evidencian la urgencia
La iniciativa se sustenta en un panorama preocupante. Entre 2018 y 2025 se registraron más de 26 mil 600 asesinatos de mujeres en México; sin embargo, solo 6 mil 781 fueron investigados como feminicidio.
Esto significa que una gran proporción de los casos no se aborda bajo esta figura legal, lo que limita las investigaciones y contribuye a la impunidad. En promedio, cerca de 10 mujeres son asesinadas cada día en el país, y menos de una cuarta parte de esos casos se clasifica correctamente.
Investigación obligatoria con perspectiva de género
Uno de los ejes centrales de la propuesta es que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse inicialmente como feminicidio. Esta medida busca evitar errores en la clasificación desde el inicio de las investigaciones.
Además, se contemplan protocolos homologados que integren la perspectiva de género en cada etapa del proceso, con el objetivo de garantizar investigaciones más completas y sensibles al contexto de violencia.
Penas más severas y sin diferencias entre estados
El proyecto también establece sanciones más claras, con penas que irían de los 40 a los 70 años de prisión para quienes cometan este delito. Asimismo, se definirán agravantes específicas aplicables en todo el territorio nacional.
Con esto, se pretende eliminar las disparidades actuales en los castigos y asegurar que los responsables enfrenten consecuencias acordes con la gravedad del crimen.
Atención a víctimas indirectas
La reforma también contempla medidas para apoyar a las víctimas indirectas, especialmente a niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad tras un feminicidio.
La futura legislación buscará garantizarles acompañamiento integral, acceso a servicios y protección, con el fin de mitigar el impacto de estos hechos.
La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, calificó la aprobación como un avance histórico, al considerar que fortalece las herramientas del Estado para combatir la violencia feminicida.
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No obstante, organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio han señalado que, aunque se reporta una reducción del 14.9% en feminicidios durante el primer trimestre de 2026, estas cifras deben analizarse con cautela, ya que muchos casos no se investigan bajo esta categoría.
Tras su aprobación en el Senado, la reforma fue turnada a la Cámara de Diputados, donde será analizada y votada. Posteriormente, deberá ser avalada por los congresos estatales para su entrada en vigor.
De concretarse, México contaría por primera vez con una ley general que establezca criterios uniformes en todo el país para combatir el feminicidio.
La iniciativa impulsada por Sheinbaum busca sentar las bases de un sistema más justo y eficaz en la atención de los feminicidios. Aunque aún falta avanzar en su implementación, la reforma representa un intento por reducir la impunidad y garantizar que los casos se investiguen con rigor.
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