MIGRACIÓN
Sara, la niña con cáncer deportada a México: lucha por seguir su tratamiento sin recursos
Sara fue deportada junto a su familia desde Texas, pese a contar con documentos médicos que justificaban su permanencia; ahora lucha por su vida sin acceso a atención especializada.
Sara, La niña de 10 años, ciudadana estadounidense, despertó con fuertes mareos y dolor, síntomas alarmantes tras haber sido operada de un tumor cerebral. Sus padres, indocumentados pero residentes en Texas desde hace más de una década, decidieron llevarla al hospital como tantas veces lo habían hecho antes. No imaginaron que esta vez, el trayecto terminaría con su deportación a México.
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Pese a contar con cartas firmadas por médicos y abogados que justificaban su traslado desde Río Grande City hasta Houston, los agentes de la Patrulla Fronteriza no permitieron el paso. A diferencia de ocasiones anteriores, donde los documentos habían bastado, esta vez la familia fue retenida por 24 horas y forzada a elegir entre dejar a sus hijos en custodia del Estado o salir del país todos juntos.
La familia Hernández García fue expulsada a México, dejando atrás no solo su hogar sino también al hijo mayor, Fernando, de 17 años, quien no estaba presente durante el arresto. La organización Texas Civil Rights Project, que brinda asesoría legal gratuita, denunció el caso como una grave violación de derechos humanos y presentó una queja formal ante el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Señalan que los agentes ignoraron las pruebas médicas y separaron a la familia por sexos, sometiendo incluso a los niños a revisiones invasivas y tratos degradantes.
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¿Qué dicen las autoridades?
Las autoridades migratorias, por su parte, han desmentido las acusaciones, asegurando que cumplen con estándares legales y humanitarios, y que el bienestar de los detenidos es prioritario. Sin embargo, los testimonios de los padres contradicen esta versión. María, la madre, denunció en un video que intentaron confiscar medicamentos vitales para sus hijos, entre ellos el monitor cardíaco del hermano mayor de Sara, quien sufre una afección del corazón.
El caso ha generado indignación en organizaciones defensoras de derechos civiles, pues evidencia cómo la política migratoria actual afecta incluso a menores ciudadanos estadounidenses. Los Hernández García vivieron más de 10 años en Texas, trabajaban, pagaban impuestos y eran parte activa de su comunidad. Tras la cirugía de Sara, sus vecinos organizaron colectas para ayudarlos a costear los gastos médicos.
La familia asegura que nunca recibió una audiencia ante un juez de inmigración y que fueron expulsados bajo un proceso de deportación acelerada. Esta práctica se amplió recientemente para incluir a cualquier persona sin documentos que no pueda probar dos años de residencia en EE.UU., aunque los Hernández García llevaban más de una década viviendo en el país. Hoy, desde México, intentan apelar su caso.
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¿Las consecuencias?
El trauma no es solo emocional: Sara sigue con inflamación cerebral, tiene medio cuerpo paralizado y sufre convulsiones. En México, no ha recibido las terapias ni los medicamentos necesarios, según denuncia su madre. Tampoco su hermano con enfermedad cardíaca ha podido continuar su tratamiento. "Nos quitaron todo, pero sobre todo nos quitaron la oportunidad de que nuestros hijos estén sanos", dice María, entre lágrimas.
Los abogados de inmigración advierten que estos casos podrían multiplicarse, especialmente desde que Donald Trump volvió a asumir el poder. El nombramiento de Tom Homan como "zar de la frontera" y el anuncio del reinicio de detenciones familiares indican un retorno a políticas de "tolerancia cero" que ya en el pasado provocaron miles de separaciones familiares.
María concluye su testimonio con un llamado urgente: "Exigimos a los oficiales de Estados Unidos que nos ayuden a regresar. Mi hija necesita atención médica para sobrevivir. Les dejo a ustedes la vida de mis hijos". Mientras tanto, Sara lucha día a día contra el cáncer sin acceso al tratamiento que podría salvarla. La esperanza de la familia está puesta en que el país donde nacieron sus hijos les permita volver a casa.
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