- 11 de febrero de 2026
El asesinato de diez mineros en Concordia, Sinaloa, evidenció cómo la disputa por el oro y la plata se ha convertido en un nuevo frente para el crimen organizado en México.

La desaparición y asesinato de diez trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver Corp en Concordia, Sinaloa, volvió a encender las alertas sobre un problema que lleva años creciendo en México: el interés del crimen organizado por controlar la minería.
Los trabajadores fueron reportados como desaparecidos cuando se dirigían a laborar a los yacimientos. Días después, en una fosa clandestina ubicada en la comunidad de El Verde, fueron localizados diez cuerpos. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que cinco ya fueron identificados como parte de los mineros. Las investigaciones siguen abiertas para esclarecer el móvil.
El caso no solo generó indignación. También puso nuevamente en el centro la disputa por los recursos naturales en una zona marcada por la violencia.

Una región en disputa
Concordia es conocida por sus yacimientos de oro y plata. Desde hace años, esta riqueza la ha convertido en objetivo de grupos criminales. La violencia en la zona se intensificó en 2017, tras la captura y extradición de Joaquín "El Chapo" Guzmán, cuando distintas facciones del Cártel de Sinaloa comenzaron a enfrentarse por el control del territorio.
Investigaciones periodísticas locales señalan que, al menos desde 2012, municipios del sur de Sinaloa como Rosario y Concordia han vivido desplazamientos forzados, asesinatos y amenazas derivados de la lucha por las minas.
En algunos casos, personas presuntamente vinculadas al crimen organizado han aparecido como concesionarios o participantes directos en operaciones mineras. La disputa actual entre grupos internos del Cártel de Sinaloa mantiene la tensión en la región, donde el control de las minas representa una fuente de poder y dinero.

De la extorsión al control total
El interés del crimen organizado en la minería no es nuevo. Desde 2014, funcionarios federales advertían sobre la relación entre concesiones mineras y el fortalecimiento de grupos criminales. Informes internacionales estiman que una parte de la producción de oro en México proviene de actividades ilegales y que en varios estados la minería ha estado bajo influencia delictiva.
En un inicio, los grupos criminales se limitaban a cobrar cuotas a empresas y trabajadores. Con el tiempo, algunos pasaron a controlar directamente operaciones mineras. Esto les permite obtener ingresos constantes y, además, utilizar la actividad para lavar dinero.

Organizaciones como InSight Crime han señalado que tanto grandes cárteles como el de Sinaloa o Los Zetas, así como grupos regionales como Los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos o Los Rojos, han buscado infiltrarse en el sector.
Esta diversificación muestra que las organizaciones criminales ya no dependen solo del narcotráfico. También buscan controlar minerales, gas, petróleo e incluso agua.
Guerrero: otro foco rojo
Guerrero es otro estado donde la minería ha sido vinculada con la presencia del crimen organizado. Durante las investigaciones del caso Ayotzinapa surgieron señalamientos sobre posibles conexiones entre rutas de transporte y recursos minerales extraídos de forma ilegal.
Estudios académicos advierten que la riqueza mineral de Guerrero, oro, plata, cobre, hierro, zinc, entre otros, lo hace vulnerable a la intervención de grupos armados. En algunas zonas, comunidades han sido desplazadas y activistas ambientales han denunciado amenazas por oponerse a proyectos mineros.
La combinación de recursos valiosos, zonas rurales aisladas y presencia criminal ha generado un entorno propicio para la explotación ilegal o el control de minas legales bajo presión.

Un negocio rentable y violento
La minería es una actividad estratégica para la economía mexicana. Sin embargo, en varias regiones se ha convertido también en un negocio atractivo para los cárteles. El control de una mina significa ingresos constantes, dominio territorial y capacidad para financiar otras actividades ilícitas.
El asesinato de los mineros en Concordia es una muestra de cómo la disputa por estos recursos puede tener consecuencias mortales. Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, el caso deja en evidencia que la minería en México no solo enfrenta retos económicos y ambientales, sino también el riesgo constante de la infiltración criminal.
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