98 DÍAS DETENIDO
Instalan "contador de días de impunidad" por caso de Miguel Ángel, fotógrafo que murió en el Axe Ceremonia
Familiares del fotógrafo Miguel Ángel Rojas instalaron un contador frente al PJF para visibilizar el retraso judicial tras su muerte en el Axe Ceremonia.
A casi nueve meses de la muerte del fotógrafo Miguel Ángel Rojas Hernández durante el festival Axe Ceremonia, su familia decidió transformar la espera judicial en una acción pública. Este miércoles, frente a los Juzgados de Distrito en Materia Penal de la Federación, en la colonia San Ángel, fue colocado un "contador de días de impunidad" para evidenciar el tiempo que el proceso penal ha permanecido detenido.
El tablero marca 98 días sin avances formales. Ese es el lapso transcurrido desde que una jueza federal ordenó frenar la audiencia inicial relacionada con el homicidio culposo del fotoperiodista. La medida judicial derivó de un amparo promovido por la representación legal de la familia de Berenice Giles Rivera, la segunda víctima mortal del mismo festival.
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Una protesta para visibilizar el retraso judicial
La instalación del contador ocurrió durante una manifestación encabezada por familiares de Miguel Ángel, acompañados por su equipo legal, colectivos ciudadanos y organizaciones civiles de derechos humanos. Alrededor de 50 personas se concentraron frente al Poder Judicial de la Federación para exigir que el caso salga del estancamiento procesal.
Con herramientas para romper el concreto, los manifestantes abrieron parte de la banqueta y fijaron el contador de metal, el cual incluye la imagen del fotógrafo y la consigna #HoySomosTodoPorMiguel. El dispositivo funciona con energía solar y muestra los días que, de acuerdo con los familiares, representan un periodo de impunidad.
Entre consignas y pancartas, los asistentes reclamaron una pronta resolución judicial y denunciaron que la falta de audiencia inicial impide el acceso a la verdad y a la justicia.
El amparo que detuvo el proceso
El origen del retraso se remonta a octubre de 2025. En un comunicado entregado a medios durante la protesta se señala:
"Desde el pasado 15 de octubre la jueza cuarto de Distrito en Materia Penal, María del Carmen Sánchez Cisneros, ordenó que no se llevara a cabo la audiencia inicial, derivado del juicio del amparo 853/2025, promovido por la representación legal derivado la familia Giles Rivera. "Dicha determinación paralizó el proceso desde el 16 de octubre, fecha en que debía realizarse la audiencia".
Desde entonces, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha podido formular imputaciones ante un juez, pese a que, según la defensa de la familia Rojas Hernández, existen elementos suficientes para avanzar.
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Exigen que la justicia avance
Durante el acto, Tabata Salas, abogada e integrante de la representación legal de la familia de Miguel Ángel, cuestionó la falta de movimiento en el expediente. En uno de los pronunciamientos centrales afirmó:
"Hoy no estamos aquí para hablar de un expediente ni de un tecnicismo legal, estamos aquí porque Miguel murió trabajando, porque su muerte sigue sin ser juzgada y porque el proceso que debía esclarecer responsabilidades está detenido de manera injustificada".
La abogada sostuvo que frenar la audiencia inicial beneficia únicamente a las empresas involucradas y no a las víctimas. En ese sentido, también declaró:
"Detener el proceso no beneficia a ninguna de las familias. La paralización de la audiencia inicial sólo beneficia a las empresas".
Diferencias entre las familias y próximos pasos
El caso ha evidenciado posturas distintas entre las familias de las víctimas. Mientras la familia Giles busca que se imputen responsabilidades de manera simultánea a la empresa organizadora OCESA y a la compañía de seguridad LOBO, la defensa de Miguel Ángel considera que la Fiscalía puede avanzar de forma progresiva en las imputaciones.
Ante el escenario actual, la familia Rojas Hernández anunció que presentará una queja formal ante el Tribunal de Disciplina Judicial para que se analice el actuar de la jueza y las irregularidades señaladas.
Al cierre de la manifestación, los familiares insistieron en que la demora vulnera los derechos de las víctimas. En palabras de su defensa:
"Miguel era fotoperiodista y su trabajo era documentar la realidad. Hoy lo mínimo que le debemos es no permitir que su muerte quede atrapada en la parálisis judicial, porque la justicia que tarda en llegar no es justicia".
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