- 19 de enero de 2026
Las desapariciones de Lidya Valdivia y Tiphane Maylin exponen fallas en la vigilancia, retrasos en la búsqueda y la presión social como único recurso.

Las desapariciones de mujeres en México suelen dejar un rastro fragmentado: una imagen borrosa, un mensaje de auxilio, una cámara que registra pero no interviene. En distintos puntos del país —una carretera en Puebla y una estación del Metrobús en Iztapalapa— dos historias recientes revelan una misma grieta: los mecanismos de protección existen, pero no alcanzan a detener la violencia ni a responder con la urgencia que las familias reclaman.
Lidya Valdivia Juárez, embarazada de nueve meses, y Tiphane Maylin González Jaimes, estudiante de 15 años, desaparecieron en contextos distintos, pero bajo un patrón común: persecución previa, evidencia visible y una reacción institucional que, para los familiares, llegó cuando el riesgo ya era irreversible.

La autopista como último recurso de búsqueda
En Acajete, Puebla, la exigencia de justicia no empezó en una oficina ministerial, sino sobre el asfalto. Vecinos y familiares de Lidya Valdivia bloquearon la autopista Puebla-Orizaba y la carretera federal a Tehuacán cuando la noche cayó y las respuestas no llegaban. Las barricadas con llantas encendidas no fueron una protesta espontánea: fueron la traducción física de la desconfianza acumulada.
"No queremos diálogo, queremos hechos, queremos que nos digan ´ya tenemos una pista, tenemos indicios´", señalaron familiares al explicar por qué rechazaron levantar el bloqueo pese a la presencia de autoridades estatales y de la Guardia Nacional.
La protesta puso en evidencia una tensión recurrente: los protocolos de búsqueda se activan en el papel, pero las familias no perciben resultados concretos. La autopista cerrada se volvió entonces un mecanismo de presión ante la sensación de abandono institucional.
Un auxilio documentado que no evitó la desaparición
Horas antes de que las carreteras fueran tomadas, Lidya Valdivia ya había pedido ayuda. Salió de la ciudad de Puebla cerca de la una de la madrugada del 18 de enero con dirección a Apango de Zaragoza. En el trayecto, según el relato familiar, notó que era perseguida por sujetos a bordo de una motocicleta y un automóvil gris.
La respuesta fue inmediata y desesperada: tomó su celular, captó una imagen de los presuntos captores y envió audios y mensajes a su pareja pidiendo apoyo. Después, el teléfono perdió señal.
La imagen difundida por la familia muestra una carretera oscura, una motocicleta con dos ocupantes al frente y las luces de otro vehículo que aparece en sentido contrario. No es una prueba judicial, pero sí un registro que documenta el riesgo en tiempo real. La pregunta implícita permanece: ¿qué ocurre cuando el auxilio llega antes que la autoridad?

Embarazo, riesgo médico y urgencia ignorada
La desaparición de Lidya Valdivia no ocurre en cualquier circunstancia. La joven, de 25 años, cursaba un embarazo de alto riesgo. Su familia informó que padecía preeclampsia y que el 18 de enero tenía programada la fecha para concluir su embarazo.
"Ella está embarazada a punto de aliviarse, no sabemos nada de ella", expresaron familiares en los primeros llamados públicos.
La urgencia médica añadió una capa crítica al caso: la posibilidad de que haya dado a luz sin atención adecuada. Sin embargo, esa condición no aceleró —al menos de forma visible para la familia— una respuesta distinta de las autoridades.
Una cámara, un trayecto y un seguimiento visible
A cientos de kilómetros, en Iztapalapa, la evidencia también existe. Un video de cámaras de videovigilancia difundido en redes sociales mostró a Tiphane Maylin González Jaimes ingresando a la estación Leyes de Reforma del Metrobús. En el encuadre aparece un hombre detenido; segundos después de que la adolescente cruza los torniquetes, el sujeto comienza a caminar tras ella.
El clip no documenta un delito, pero expone un patrón reconocido en múltiples investigaciones de desaparición: el seguimiento previo en espacios públicos que, paradójicamente, están llenos de cámaras.
Ese video es, hasta ahora, el último registro visual de la estudiante de 15 años, desaparecida desde el 9 de enero de 2026.

Transporte público vigilado, resultados ausentes
El caso de Tiphane abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre la eficacia de los sistemas de videovigilancia. Si hay un registro claro del ingreso y del posible seguimiento, ¿por qué no se ha reconstruido públicamente el trayecto completo?, ¿qué ocurrió en las siguientes estaciones?, ¿qué cámaras dejaron de mirar?
Usuarios en redes sociales exigieron que se revisen las grabaciones del Metrobús y de las zonas aledañas. No como un favor, sino como una obligación institucional. La demanda trasciende este caso: señala la brecha entre tener infraestructura tecnológica y usarla de forma efectiva para prevenir o esclarecer desapariciones.
Dos territorios, una misma falla estructural
En Puebla, la familia tuvo que cerrar carreteras para ser escuchada. En la Ciudad de México, una grabación circuló primero en redes antes que en comunicados oficiales. En ambos casos, la evidencia existió desde el inicio: una fotografía tomada durante una persecución y un video que muestra un posible seguimiento.

Las historias de Lidya Valdivia y Tiphane Maylin no se cruzan geográficamente, pero dialogan en el fondo: exhiben cómo la reacción institucional suele llegar después de la presión social, no antes del daño. La vigilancia registra, pero no protege; la búsqueda se activa, pero no tranquiliza.
Mientras las autoridades reportan protocolos y fichas, las familias siguen recurriendo a lo único que les queda visible: la calle, la autopista, las redes sociales. Ahí, donde la ausencia se vuelve pública, es donde hoy se libra la búsqueda.
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