Senado aprueba reforma a la Ley de Amparo enviada por Sheinbaum; pasa a la Cámara de Diputados

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la reforma a la Ley de Amparo enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que ahora será revisada en la Cámara de Diputados. Con 76 votos a favor de Morena, PT y Partido Verde, y 39 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, la propuesta generó un fuerte debate en el pleno por la inclusión de un artículo transitorio que extiende los cambios a los casos ya en trámite.

Aunque en comisiones se había retirado ese punto, el morenista Manuel Huerta lo reintrodujo durante la discusión. La oposición lo calificó de retroactivo e inconstitucional. "Esto es una contradicción directa a nuestra Carta Magna", acusó la priista Carolina Viggiano, al señalar que se violenta el artículo 14 de la Constitución.

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Por su parte, Huerta defendió la reforma al asegurar: 

"Ni duende, ni niño artillero, ni vengo a dinamitar nada (...) Lo que realmente ocurre es que evita que se sigan usando amparos como un recurso para dilatar sentencias firmes, especialmente en materia fiscal".

Cambios centrales en la Ley de Amparo

El dictamen aprobado plantea que la reforma dará mayor certeza jurídica y homogeneizará plazos para juicios de amparo. Entre las modificaciones más relevantes se incluyen:

• Definición del interés legítimo, que podrá ser individual o colectivo.
• Posibilidad de interponer amparos con herramientas digitales.
• Límites a la suspensión de actos en casos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, deuda pública y actividades sin concesión.
• Protección reforzada a derechos básicos como alimentos, salarios, vivienda y el mínimo vital.
• Cambios en materia fiscal para evitar litigios repetidos y precisar garantías en créditos firmes.
• Eliminación de disposiciones que limitaban sanciones a autoridades que incumplieran suspensiones o sentencias.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, defendió que la enmienda es fruto de un proceso plural con especialistas y académicos: 

"Fortalece el juicio de amparo sin desnaturalizarlo, lo moderniza sin excluir a nadie, lo hace más eficiente sin sacrificar garantías".

Críticas de la oposición

A pesar de estos argumentos, la oposición sostuvo que la reforma recorta la capacidad ciudadana de defenderse del poder. La senadora del PRI, Carolina Viggiano, advirtió: 

"Ya no será posible acudir a los tribunales para defender causas colectivas como la protección de ríos, bosques o ecosistemas".

Por su parte, el coordinador de MC, Clemente Castañeda, afirmó: "En resumen, esta visión regresiva del amparo, que hoy podríamos decir si esto se consuma, Ley de Desamparo, no es justicia social ni pone la justicia al servicio de la gente".

La panista Mayuli Latifa Martínez señaló que la mayoría oficialista busca disfrazar un retroceso en derechos: "Es el disfraz, es la mentira para hacer exactamente lo contrario, debilitar la única herramienta con la que cuentan los mexicanos para defenderse de los excesos de cualquier gobierno".

Incluso la priista Claudia Anaya criticó la postura del exministro Arturo Zaldívar, a quien acusó de contradecir sus propios postulados académicos sobre el amparo.

La visión del oficialismo

Para Morena y sus aliados, los cambios responden a la necesidad de evitar abusos procesales y garantizar que el amparo siga siendo un escudo para los derechos humanos, pero sin convertirse en un recurso para intereses particulares.

El senador del PVEM, Waldo Fernández, argumentó que con la reforma de 2013 el juicio de amparo se "desvirtuó" y se convirtió en herramienta de grupos de interés: "Lo que nació como escudo ante los abusos de la autoridad terminó usándose como recurso dilatorio".

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Próximos pasos

La reforma aprobada en el Senado será enviada a la Cámara de Diputados, donde deberá ser discutida y eventualmente ratificada. Según el dictamen, uno de los objetivos es consolidar el juicio de amparo como un recurso más ágil, social y accesible.

Sin embargo, la polémica por la retroactividad y los supuestos límites al interés legítimo anticipan un debate intenso en San Lázaro. Para la oposición, se trata de un intento por debilitar al Poder Judicial y "consolidar un régimen autoritario", mientras que para Morena es una modernización necesaria para proteger los derechos ciudadanos sin permitir abusos.

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