MEGA GOLPE A LA TRATA
Rescatan a 700 personas víctimas de explotación laboral en un rancho de Guanajuato
Las víctimas eran explotadas laboralmente en un rancho de Dolores Hidalgo; muchas provenían de estados del sur y vivían en condiciones inhumanas.
Un total de 700 personas fueron rescatadas de un rancho ubicado en Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde eran presuntamente víctimas de trata con fines de explotación laboral, informó la Fiscalía General del Estado (FGE). De acuerdo con las autoridades, las víctimas en su mayoría en condiciones de vulnerabilidad son originarias de estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.
El operativo fue resultado de un cateo judicial realizado en el inmueble, tras denuncias relacionadas con condiciones de trabajo forzado. La FGE abrió una carpeta de investigación por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, mientras que las personas rescatadas están siendo atendidas por autoridades locales y estatales, con apoyo médico, psicológico y acompañamiento integral.
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También encontraron drogas en el rancho
Durante la inspección del predio, además de las condiciones laborales denunciadas, se hallaron sustancias ilícitas, lo que derivó en la apertura de una segunda carpeta de investigación por delitos contra la salud. Las autoridades no detallaron el tipo o cantidad de droga localizada, pero señalaron que este hallazgo refuerza las líneas de investigación por posibles nexos con el crimen organizado.
La FGE indicó que el operativo es parte de una estrategia estatal para combatir delitos que "atentan contra la dignidad humana", con un enfoque centrado en la protección de las víctimas, quienes ahora serán canalizadas a refugios y programas de asistencia.
En el operativo participaron diversas instituciones de los tres niveles de gobierno. Entre ellas, la Guardia Nacional, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), elementos de Protección Civil, Cruz Roja Mexicana, Bomberos, así como personal del DIF municipal y la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
El despliegue fue descrito como una acción coordinada con enfoque humanitario, orientado no sólo a la investigación del delito, sino al rescate y contención inmediata de las personas afectadas.
¿Qué es la trata con fines de explotación laboral?
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha advertido que la trata de personas no se limita a la explotación sexual, sino que incluye también la explotación laboral, donde las víctimas son obligadas a trabajar en condiciones precarias, con jornadas excesivas, sin descanso ni salario justo, y bajo amenazas o coerción.
Los tratantes suelen captar personas en situación de pobreza, especialmente en zonas rurales o indígenas, donde ofrecen supuestas oportunidades de empleo. Una vez alejadas de su comunidad o estado de origen, las víctimas son incomunicadas y sometidas a condiciones de trabajo forzado, muchas veces sin posibilidad de escapar ni pedir ayuda.
Señales de alerta en casos de explotación laboral
Según la CNDH, algunas señales claras que pueden indicar trata con fines de explotación laboral son:
Trabajar largas jornadas sin días de descanso
No poder salir del lugar de trabajo o tener salidas controladas
Recibir amenazas, gritos o humillaciones constantes
Ser amenazado con llamar a migración (en el caso de personas extranjeras)
Vivir y trabajar en el mismo sitio, sin contacto con el exterior
Estas condiciones afectan tanto a hombres como a mujeres y, en muchos casos, también a menores de edad.
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Las penas por este delito en México
En México, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas establece penas de 3 a 10 años de prisión, así como multas que van de 5 mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes cometan el delito de trata con fines de explotación laboral.
Cuando se trata de explotación sexual de menores, el Código Penal Federal impone castigos aún más severos. Las penas van de 15 a 30 años de prisión, y las multas pueden alcanzar hasta 30 mil días de salario mínimo. Además, si la víctima tiene entre 13 y 17 años, la pena puede ir de 10 a 14 años; mientras que, si es menor de 11 años, el castigo puede elevarse hasta 21 años de cárcel.
La Fiscalía de Guanajuato continúa con las investigaciones para determinar el número de personas responsables y su posible vínculo con redes criminales. Mientras tanto, las víctimas permanecen bajo resguardo institucional, recibiendo la atención necesaria para su recuperación física y emocional.
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