58 defensores asesinados en 7 años; el caso de Sandra Domínguez aumenta la lista

La reciente ejecución de la activista mixe y abogada Sandra Domínguez, junto con su esposo Alexander Hernández, ha sacudido a la sociedad oaxaqueña y reavivado la alarma sobre la violencia que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en el estado. Su asesinato no es un hecho aislado, forma parte de una preocupante tendencia documentada por organizaciones civiles, que refleja un escenario de impunidad, represión y complicidad institucional.

Sigue nuestro canal en WhatsApp Channels

Sandra, abogada de 38 años y reconocida defensora de los derechos humanos, fue hallada sin vida junto con su esposo Alexander Hernández, en lo que activistas han denunciado como un crimen de alto impacto perpetrado por el crimen organizado, con posible participación o protección institucional. Sandra había denunciado con anterioridad a funcionarios estatales por violencia de género y filtración de imágenes íntimas de mujeres indígenas, lo que la colocó en la mira de intereses oscuros.

La organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa), a través de su proyecto "Alas y Raíces", ha documentado desde 2018 un total de 58 homicidios de personas defensoras de derechos humanos en Oaxaca. Esta cifra representa más del 25% del total de asesinatos de activistas en todo el país durante ese periodo, que asciende a 225.

Te puede interesar:Encuentran en una fosa los cuerpos de la activista mixe Sandra Domínguez y su esposo

El informe de Educa detalla que la Mixteca oaxaqueña es la región con mayor número de crímenes, acumulando 27 asesinatos. Le siguen la Costa (11), la Sierra Sur (9), el Istmo de Tehuantepec (7), Valles Centrales (2) y la Cuenca (2). La mayoría de estas víctimas estaban involucradas en la defensa de la tierra, el agua, los recursos naturales y los derechos colectivos indígenas.

Crímenes recientes sin justicia

Uno de los casos más representativos es el de Adriana y Virginia Ortiz García, integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), asesinadas a tiros el 6 de noviembre de 2024. Ambas denunciaban el despojo de territorios triquis y la desaparición de dos primas en 2007. Sus familiares, incluidos integrantes del MULT, se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir justicia, pero hasta ahora no hay avances concretos en las investigaciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum prometió acompañamiento jurídico y psicológico para los familiares, pero a casi seis meses del crimen, persiste el silencio oficial. Emelia Ortiz, hermana de las víctimas, denunció recientemente actos de vigilancia e intimidación en su contra.

Cristino Castro, el defensor ambiental traicionado por el sistema

Otro caso emblemático es el de Cristino Castro Perea, fundador del Colectivo de Defensores Ambientalistas de Barra de la Cruz. Su organización bloqueó intentos de urbanizar manglares en la región y logró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador declarara el área como santuario natural en 2023. A pesar de estar inscrito en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Cristino fue ejecutado a tiros el 28 de febrero de 2025.

Su asesinato ocurrió a plena luz del día, mientras conversaba con vecinos en el kiosco de su comunidad. Hasta ahora, nadie ha sido detenido por su muerte.

Istmo en disputa

Wilfrido Atanacio, Victoriano Quirino y Abraham Chirino, miembros de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), se oponían activamente al proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un megaproyecto federal que ha provocado conflictos territoriales y ambientales. El pasado 13 de febrero fueron emboscados y asesinados mientras viajaban en una camioneta por Santo Domingo Petapa.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que los intereses empresariales detrás del CIIT han desatado una ola de represión contra opositores. Sin embargo, el proyecto continúa sin modificaciones ni garantías de seguridad para las comunidades.

"El crimen organizado y el Estado silenciaron a Sandra"

Joaquín Galván, también activista mixe y compañero cercano de Sandra Domínguez, acusó públicamente al crimen organizado de su asesinato, pero también señaló la responsabilidad del Estado. "Para que el crimen organizado haya logrado desaparecer y asesinar a Sandra, tuvo que contar con complicidad institucional", afirmó.

Galván señaló que las denuncias previas de Sandra fueron ignoradas y que las investigaciones han sido manipuladas para encubrir a los verdaderos responsables. "El gobierno oaxaqueño criminalizó al esposo de Sandra y desestimó por completo las amenazas que ella ya había denunciado", añadió.

Uno de los funcionarios señalados directamente por Sandra fue Donato Vargas Jiménez, coordinador de delegados de la Paz Social en el estado, cuyo paradero actual se desconoce.

Te puede interesar: Sandra Estefana desapareció con su pareja en Oaxaca; ofrecen 500 mil pesos por su localización

Una historia marcada por la defensa de las mujeres indígenas

Domínguez dedicó su vida profesional a acompañar casos de violencia de género y desapariciones de mujeres indígenas. Participó en la lucha por la justicia para Zayra Leticia Morales Loyola, desaparecida en 2020 en Huajuapan, así como en el caso del feminicidio de Fanny Guadalupe López Nolasco, presentado inicialmente como suicidio.

Su compromiso con los derechos de las mujeres la llevó a denunciar redes de funcionarios que compartían imágenes sexuales de mujeres indígenas. A pesar de las amenazas, Sandra siguió litigando casos de alto riesgo, lo que la convirtió en blanco de quienes buscan mantener el control mediante el miedo.

Con 58 asesinatos en siete años, Oaxaca se ha convertido en el estado más peligroso de México para quienes defienden derechos humanos. La mayoría de estos crímenes siguen sin resolverse, y los mecanismos de protección han resultado insuficientes o inoperantes.

Organismos internacionales y defensores locales han pedido que la Fiscalía General de la República atraiga los casos más graves, pero la respuesta ha sido lenta. En Oaxaca, ser activista implica desafiar no solo al crimen organizado, sino también a estructuras gubernamentales que, lejos de proteger, muchas veces silencian. Y mientras no haya justicia para Sandra, Adriana, Cristino y tantos más, la violencia seguirá siendo la respuesta contra la verdad.

Más videos en nuestro canal de YouTube

¡Te invitamos a nuestro Newsletter completamente gratis!