La nueva de Trump: Desmantela otros servicios de atención al migrante

Las medidas tomadas por la Administración Trump contra los migrantes parecen no tener fin. Este viernes 21 de marzo se informó que el Gobierno estadounidense despidió a casi todos los trabajadores de derechos civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Con estas medidas la Casa Blanca prácticamente está desmantelando estos servicios y también los que estaban dedicados a la migración en esta oficina de EEUU. 

Esta rama del DHS incluye la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes y la Oficina del Defensor del Pueblo para Servicios de Ciudadanía e Inmigración, que se encarga de supervisar las políticas de inmigración legal de la administración.

Las tres agencias tenían, según se estima, unos 300 empleados. Su labor era defender los derechos de los migrantes e investigar las quejas que surgieran. Entre otras labores, resolvían los retardos en los trámites para solicitud de residencias y atendían las condiciones de detención. 

Te puede interesar:  "Nos quedaremos aquí": Katerina busca asilo en México tras ser rechazada por Trump

Como lo notificaron medios de comunicación, a más de 100 empleados de estas dependencias les informaron que tienen 60 días de licencia para buscar otro trabajo en la Administración; de lo contrario, serían despedidos en mayo. 

¿"Enemigos" para Trump?

El Estado estadounidense parece haberse convertido en un lastre para el nuevo presidente de ese país; especialmente, las dependencias que defienden los derechos civiles y que garantizan lo básico en materia de seguridad para los migrantes. 

A criterio del DHS, las tres oficinas que fueron casi cerradas, "en lugar de apoyar las iniciativas de aplicación de la ley, a menudo funcionan como adversarios internos que ralentizan las operaciones".

La portavoz del departamento, Tricia McLaughlin, en un comunicado difundido por los medios de comunicación, afirmó que las tres oficinas "han obstaculizado la aplicación de la ley migratoria al añadir trabas burocráticas y socavar la misión del DHS". 

Te puede interesar:  ONU aplaude que México reciba a migrantes rechazados por Trump

Aunque los hechos parecen mostrar lo contrario, McLaughlin alegó que el DHS "mantiene su compromiso con la protección de los derechos civiles, pero debe optimizar la supervisión para eliminar los obstáculos a su aplicación. Estas reducciones garantizan que el dinero de los contribuyentes apoye la misión principal del departamento: la seguridad fronteriza y el control migratorio". 

Esta semana la Casa Blanca criticó al juez que bloqueó las deportaciones aplicadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, James Boasberg. "Los jueces de este país están actuando erróneamente. Tenemos jueces que actúan como activistas partidistas desde el tribunal. Intentan imponer políticas al presidente de Estados Unidos. Intentan claramente frenar la agenda de esta Administración, y eso es inaceptable", dijo la portavoz presidencial, Karoline Leavitt.

Síguenos en WHATSAPP y suscríbete a nuestro NEWSLETTER para continuar siempre informado.