LAS AUTORIDADES NO HICIERON NADA
Caso Rancho Izaguirre: ¿Qué revelan las evidencias ignoradas por las autoridades?
Desde hace 10 años, las autoridades de Jalisco ya tenían conocimiento de que el crimen organizado utilizaba ranchos para realizar actividades ilícitas, como en el Rancho Izaguirre.
El caso del Rancho Izaguirre de Teuchitlán ha puesto de manifiesto la gravedad de la violencia generada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región y la falta de respuesta efectiva de las autoridades para prevenir estos crímenes. A pesar de los múltiples hallazgos y denuncias, la impunidad sigue siendo la regla, y las víctimas continúan sin justicia.
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Mientras tanto, los colectivos de búsqueda siguen siendo los protagonistas de la lucha contra el crimen organizado, exponiéndose a peligros cada vez mayores en su misión por encontrar a sus seres queridos desaparecidos.
Primeros indicios de un campo de exterminio
Desde hace 10 años, las autoridades de Jalisco ya tenían conocimiento de que el crimen organizado utilizaba ranchos para realizar actividades ilícitas, entre las cuales se incluían asesinatos y la desaparición de cuerpos.
El Rancho Los Amiales fue el primero en ser identificado como un sitio donde el CJNG cometió crímenes. En 2015, las autoridades encontraron dos cuerpos, pero tras una investigación más exhaustiva se levantó evidencia que apuntaba a la existencia de al menos nueve homicidios adicionales en la misma área.
Sin embargo, el hallazgo más escalofriante ocurrió una década después, en 2025 cuando el colectivo Guerreros Buscadores de personas desaparecidas descubrió el campo de exterminio en el Rancho Izaguirre, ubicado a tan solo 5 kilómetros de Los Amiales.
Este campo de exterminio fue utilizado, según las evidencias, para ocultar y eliminar a las víctimas del CJNG. Pero lo que los colectivos de búsqueda encontraron en marzo de 2025 dejó a todos atónitos: más de 200 pares de zapatos, ropa, medicinas, libretas, fotografías, e incluso una carta de despedida.
La implicación de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional
Un documento obtenido por Mexicanos Contra la Corrupción (MCC) revela que desde 2019, la Guardia Nacional había informado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre el hallazgo de cuerpos calcinados en la misma región. Estos hallazgos incluían zapatos regados en el área, lo que levantó aún más sospechas sobre la existencia de un campo de exterminio en Teuchitlán.
Pese a los múltiples informes, las autoridades no tomaron acciones inmediatas. Fue hasta el 21 de marzo de 2020 cuando un comisario de Teuchitlán alertó a la Guardia Nacional sobre un intento de soborno por parte de un grupo criminal, que intentaba frenar las investigaciones en la zona. Esta denuncia, sin embargo, no fue suficiente para evitar que el lugar siguiera siendo utilizado como centro de operaciones del CJNG.
Los operativos en 2024 y 2025
En septiembre de 2024, la Guardia Nacional finalmente aseguró el Rancho Izaguirre, deteniendo a 10 personas a quienes les incautaron 4 fusiles de asalto, 2 armas cortas, 21 cargadores, 1 granada de mano, 10 placas balísticas, 5 chalecos tácticos y 4 vehículos.
Sin embargo, no se hallaron restos óseos ni los más de 200 pares de zapatos que el colectivo de búsqueda encontraría seis meses después, lo que generó aún más incertidumbre sobre la veracidad de las investigaciones anteriores.
El 5 de marzo de 2025, un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, al recibir información no compartida por las autoridades, ingresó al Rancho Izaguirre y realizó los terribles hallazgos antes mencionados, así como una lista con nombres y apodos de personas posiblemente privadas de su libertad.
El presidente municipal de Teuchitlán, José Asunción Murguía Santiago, ha declarado que no tenía conocimiento de las actividades que ocurrían en los ranchos de la zona y se mostró dispuesto a que lo investigaran.
Murguía, quien ha sido alcalde bajo el partido Movimiento Ciudadano desde 2021, también fue parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD) entre 2012 y 2015, lo que le da un extenso historial político en la región.
Sin embargo, las respuestas tardías y las constantes irregularidades en las investigaciones han levantado más dudas sobre la implicación de las autoridades locales en la protección de los intereses del crimen organizado.
Polémica entre las versiones de los colectivos de búsqueda y la Fiscalía de Jalisco
A pesar de las evidencias encontradas por los colectivos de búsqueda, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Jalisco afirmó que no se hallaron estructuras que pudieran haber sido utilizadas como hornos crematorios en el Rancho Izaguirre.
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Según la versión oficial, las instalaciones del rancho incluyen cuartos, baños, cocina, bodegas y un área destinada al adiestramiento táctico del CJNG, pero no se encontraron elementos que corroboraran las denuncias sobre la existencia de hornos para incinerar cuerpos.
En una nueva controversia que involucra a las autoridades de Jalisco y a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, la FGJ de Jalisco ha negado que en diciembre de 2024 el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco les haya informado sobre los descubrimientos que hicieron en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, relacionados con la posible existencia de hornos crematorios y restos humanos.
Ceci Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora escribió en sus redes sociales el pasado 10 de marzo, junto a videos y fotos del lugar:
"En diciembre de 2024 y enero de 2025 nuestro colectivo Madres Buscadoras de Jalisco entró a hacer búsqueda en el narco-rancho porque un sobreviviente anónimo nos contó todo el dolor que ahí escondían. En diciembre, algunos hornos donde quedaron hechas cenizas muchas vidas, aún estaban activos, humeando y desprendían olor a muerte; le avisamos a las autoridades".
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