La Fiscalía ofrece un millón de pesos por información sobre el paradero de los desaparecidos en Chilapa de Álvarez, Guerrero; crecen las críticas por la falta de avances en el caso.

Suman 17 miembros de una familia sin rastro tras salir a trabajar
Suman 17 miembros de una familia sin rastro tras salir a trabajar Créditos: X

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El misterio sobre una familia de comerciantes de Guerrero que ha desaparecido en su totalidad mientras recorrían zonas rurales para ganarse la vida. Diecisiete personas, miembros de una misma familia, fueron vistas por última vez en distintos días y en diferentes puntos de los municipios de Chilapa de Álvarez y Quechultenango.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades y de una recompensa de un millón de pesos ofrecida por la Fiscalía del Estado, la falta de respuestas ha aumentado las tensiones en una región controlada por el crimen organizado. A lo largo de octubre, las desapariciones de los miembros de esta familia, dedicados al comercio de utensilios de cocina, han conmocionado a los habitantes de Guerrero y a sus alrededores.

El 21 de octubre, cuando seis integrantes del grupo familiar salieron hacia varias comunidades a vender su mercancía y nunca volvieron. Alfonso Francisco Cabrera, de 35 años; José Enrique Francisco Cabrera, de 26; Leandro Geovanni Francisco, de 14; Raymundo Santos Francisco, de 13; Diego Alonso Sacristán, de 16; y Abraham Reyes Cayetano, de 15, conforman el primer grupo de desaparecidos que encendió la alarma entre sus seres queridos.

Al no tener noticias de ellos, otros familiares decidieron emprender su búsqueda, pero la situación se tornó aún más extraña cuando también dejaron de saber de ellos. Flor Itulia Cabrera, de 53 años, y Clara Francisco Cabrera, de 30, salieron acompañadas de Héctor Santos de la Cruz, de 32 años, y Mario Francisco Millán, de 49, al intentar localizar a los primeros seis. Este segundo grupo tampoco regresó a casa. 

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El 27 de octubre, el drama familiar se intensificó cuando se sumaron siete nombres más a la lista de desaparecidos. En esta ocasión, Jaime Cayetano, Pedro Ismael Barrera, Inés Morales, Marco Antonio Barrera, Javier Barrera Millán, Ángel Barrera y Joel Morales Tolentino se lanzaron también en su búsqueda, pero hasta la fecha tampoco han dado señales de vida.

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X El protocolo para búsqueda de Personas Desaparecidas fue activado de inmediato. 

Recompensa de la Fiscalía

La Fiscalía activó inmediatamente el Protocolo para la Búsqueda de Personas Desaparecidas e impulsó la distribución de fichas de búsqueda de cada uno de los desaparecidos. Como una medida extraordinaria, las autoridades ofrecieron una recompensa de un millón de pesos a quien proporcione información certera que pueda llevar a localizar a alguno de los 17 integrantes de esta familia.

Sin embargo, según informan los medios locales y los familiares, solo se ha emitido una denuncia formal por la desaparición de 16 de los desaparecidos, ya que aún no se ha presentado la correspondiente para Joel Morales Tolentino. La falta de detalles y avances en la investigación ha generado una creciente indignación en una comunidad que vive constantemente bajo la sombra del crimen organizado.

Video revela el tormento de uno de los menores desaparecidos

Días después de su desaparición, salió a la luz un video en el que uno de los menores de la familia aparece descalzo y con las manos atadas, presuntamente en manos de sus captores. En el video, el joven señala que un grupo criminal los envió a la región con la intención de vigilar y reportar las actividades de otro grupo de la delincuencia organizada. Esta grabación no solo ha dejado en shock a los familiares y a los habitantes de Guerrero, sino que también ha incrementado la presión sobre las autoridades para actuar con rapidez y esclarecer el paradero de los demás miembros de la familia.

La desaparición masiva de esta familia pone en evidencia una vez más la violencia en Guerrero, una de las zonas más castigadas de México en la lucha por el control territorial entre bandas rivales. Según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), alrededor de 16 grupos criminales operan en el estado, de los cuales destacan "Los Tlacos" y "Los Ardillos", dos facciones rivales.

Los Tlacos y Los Ardillos han convertido a Guerrero en un campo de batalla, donde la población civil queda atrapada entre sus conflictos. La extorsión, los secuestros y las desapariciones son solo algunos de los horrores que estos grupos imponen sobre la gente, sumiendo a las comunidades en un estado de terror constante.

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Otras tragedias recientes en Guerrero

El pasado lunes en Acapulco, donde una familia de cinco personas, incluido un menor de edad, fue brutalmente asesinada. Tan solo el mes anterior, Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, fue decapitado apenas seis días después de asumir su cargo, y en abril de este año, el subsecretario de Educación del estado, Benjamín Adame, fue también asesinado.

Los casos sin resolver abundan y han generado un clima de desesperanza entre la ciudadanía. A esto se suma el hecho de que más del 99% de los homicidios en el estado quedan impunes, como el reciente asesinato de 13 policías en Coyuca de Benítez, ocurrido en octubre de 2023, o la masacre en San Miguel Totolapan en 2022, donde el alcalde y otras 19 personas fueron ejecutadas sin que hubiera arrestos ni avances significativos en las investigaciones.

La urgencia de justicia

El hecho de que ni la Fiscalía del Estado ni la gobernadora Evelyn Salgado hayan emitido declaraciones públicas con avances en la investigación sobre la desaparición de estos 17 miembros de una familia ha generado una fuerte crítica de parte de la ciudadanía. Las demandas de justicia y de acciones contundentes han inundado las redes sociales, donde la comunidad exige respuestas sobre el paradero de los desaparecidos.

La falta de resultados en investigaciones de alto perfil y la incapacidad de las autoridades para frenar la creciente violencia han erosionado la confianza de la población en sus instituciones de justicia y seguridad. La oferta de una recompensa ha sido bien recibida, pero no ha mitigado el descontento, pues los familiares de las víctimas señalan que la medida no parece suficiente en un entorno donde la impunidad sigue prevaleciendo.

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