De forma unánime, el Congreso de la Ciudad de México dio luz verde a la Ley Ingrid, la cual castigará hasta con seis años de prisión a todas los funcionarios que difundan material multimedia relacionado con víctimas de algún delito. Esta normativa tiene su origen en el feminicidio de Ingrid Escamilla. 

Congreso capitalino aprueba Ley Ingrid que sanciona difusión de fotos de víctimas
Congreso capitalino aprueba Ley Ingrid que sanciona difusión de fotos de víctimas

Corría el 9 de febrero de 2020, cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México recibió un reporte anónimo sobre un feminicidio cometido en la alcaldía Gustavo A. Madero; el agresor había mutilado y escondido partes del cuerpo de la víctima. 

Desafortunadamente, las imágenes del atroz crimen fueron filtradas y distribuidas en redes sociales, así como en diversos medios, hecho que causó una gran indignación entre colectivos feministas y a favor de los derechos de la mujer; inclusive se suscitaron manifestaciones de repudio contra los responsables de difundirlas. 

 

Todo esto hizo que el Congreso de la Ciudad de México creara la llamada Ley Ingrid, la cual fue aprobada (de forma unánime) con 58 votos a favor y que sancionará hasta con 6 años de prisión a todo servidor público que reproduzca contenido multimedia alusivo a las víctimas de crímenes. 

El Congreso aprobó la disposición en una sesión virtual (@Congreso_CdMex)

Con la Ley Ingrid se modificará el artículo 293 del Código Penal capitalino para sancionar a los funcionarios por la "indebida distribución de imágenes fotográficas o video de investigaciones vinculadas con hechos delictivos". Las sanciones también son económicas y alcanzarán las mil UMAs. 

No sólo se sancionará la distribución, sino también aspectos como: entrega, revelación, publicación, transmisión, exposición, comercialización, oferta, intercambio, entre otros. Los cambios serán publicados en el Diario Oficial de la Ciudad de México. 

Buscan evitar la revictimización como en el caso de Ingrid (Especial)

De acuerdo con activistas y diferentes organizaciones, las imágenes de víctimas de delitos, como fue en el caso de Ingrid Escamilla, no sólo exponen los hechos públicamente, sino que revictimizan, lo que podría ocasionar deficiencias en el debido proceso penal. 

Oaxaca también aprobó una normativa similar a la Ley Ingrid, donde se sanciona la exposición de imágenes de personas víctimas de algun ilícito hasta con siete años de prisión; de acuerdo con sus promotores buscan evitar "la revictimización y garantizar la integridad de las víctimas". 

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