El SAT reducirá los plazos de devolución en 2026: personas físicas podrían recibir su saldo a favor en solo cinco días y las empresas en 30.

Devolución del SAT en 2026: cuándo cae el saldo a favor
Devolución del SAT en 2026: cuándo cae el saldo a favor Créditos: SAT

A partir de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pondrá en marcha uno de los ajustes más ambiciosos de los últimos años en materia de devoluciones de saldo a favor. No se trata solo de acelerar trámites, sino de redefinir la lógica de fiscalización: menos fricción para quienes cumplen y mayor presión para las conductas de alto riesgo fiscal.

La autoridad hacendaria busca, con este rediseño, inyectar liquidez al sistema, reducir la incertidumbre entre contribuyentes y concentrar sus capacidades en combatir prácticas ilegales que erosionan la recaudación.

Devolución del SAT en 2026: plazos más cortos para contribuyentes cumplidos

Uno de los cambios más relevantes es la reducción y estandarización de los tiempos de devolución. De acuerdo con los nuevos lineamientos, las personas físicas podrán recibir su saldo a favor en un promedio de cinco días, mientras que las personas morales verán reflejada su devolución en alrededor de 30 días.

Estos plazos están muy por debajo del límite legal vigente, que permite al SAT tardar hasta 40 días hábiles. La diferencia no es menor: implica un alivio financiero inmediato para millones de contribuyentes que, año con año, dependen de estos recursos para gastos personales o para la operación de sus negocios.

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Oficinas SAT Créditos: SAT

Plan Maestro 2026: el eje de la nueva estrategia fiscal

La agilización de devoluciones forma parte del Plan Maestro 2026 "Atención al contribuyente y fiscalización", una estrategia integral que redefine cómo el SAT asigna su tiempo y recursos. El objetivo central es claro: dejar de dispersar esfuerzos en revisiones generales y concentrarse en detectar esquemas que representan un riesgo real para las finanzas públicas.

Bajo este enfoque, el contribuyente cumplido deja de ser tratado como un potencial infractor y pasa a ser un actor confiable dentro del sistema tributario.

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Fiscalización focalizada: ¿a quién pondrá la lupa el SAT?

El nuevo modelo prioriza la revisión de prácticas consideradas de alto riesgo fiscal. Entre las principales conductas que estarán bajo observación se encuentran:

  • El uso de empresas que facturan operaciones simuladas.
  • La simulación de deducciones y la omisión de ingresos.
  • El abuso de estímulos fiscales y operaciones vinculadas con paraísos fiscales.
  • Las discrepancias entre importaciones, compras y ventas.

Con esto, el SAT busca cerrar espacios a la evasión sin saturar de requerimientos a quienes cumplen con sus obligaciones.

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Foto ilustrativa Créditos: SAT

Auditorías más acotadas y proporcionales

Otro cambio relevante está en la forma de realizar auditorías. A partir de 2026, las revisiones no abarcarán la totalidad de la información contable del contribuyente, sino que se basarán en muestras representativas de las partidas bajo inspección.

Además, la autoridad fiscal estableció que, en caso de detectar incumplimientos, solo se realizará una auditoría por contribuyente. Esta medida refuerza el principio de proporcionalidad y reduce el desgaste administrativo tanto para la autoridad como para los contribuyentes.

El SAT también apuesta por la homogeneidad en la aplicación de criterios. Temas tradicionalmente complejos —como los depósitos no identificados, la materialidad de operaciones o las regulaciones de comercio exterior— serán evaluados bajo los mismos estándares en todas las oficinas del país, sin importar la entidad federativa.

Este cambio busca eliminar interpretaciones dispares que, durante años, generaron incertidumbre jurídica y diferencias en el trato fiscal según la región.

Como complemento a la fiscalización focalizada, el SAT recordó que mantiene abiertos diversos canales para reportar irregularidades, entre ellos la aplicación SAT Móvil y sus redes sociales oficiales. La intención es reforzar un "piso parejo" en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y facilitar la detección de prácticas indebidas.


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