- 22 de noviembre de 2025
El juez rechazó trasladar al presunto implicado y ratificó la medida cautelar mientras se revisa la legalidad de las detenciones.

El caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ha avanzado luego de que el juez de control Luis Fernando Díaz Parra ordenara prisión preventiva oficiosa para Jorge Armando "N", conocido como El Licenciado, y los siete escoltas que lo acompañaban el día de los hechos.
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La decisión, tomada durante una audiencia realizada desde la madrugada de este sábado, deja a los implicados bajo resguardo judicial mientras se define su situación jurídica en una nueva sesión programada para el miércoles 26 de noviembre.
La primera audiencia, celebrada en la sala seis del Poder Judicial de Michoacán, comenzó alrededor de las 05:30 horas y se prolongó por más de ocho horas. En ella, la defensa de los imputados pidió ampliar el plazo constitucional por 144 horas, con el fin de revisar detalladamente el expediente y preparar su estrategia jurídica. La solicitud fue aprobada por el juez, quien confirmó que la determinación se ajusta al derecho procesal.
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Intento fallido de traslado
Durante la diligencia, la abogada de Jorge Armando "N", Ana Daniela Mejía Camacho, presentó una solicitud para que su cliente fuera trasladado del penal federal de El Altiplano al Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto, una cárcel estatal. Argumentó que su representado había recibido un trato diferenciado y que los delitos que se investigan corresponden al fuero común, por lo que no habría motivo para mantenerlo en una prisión federal.
Sin embargo, el juez Díaz Parra desechó la petición al señalar que no cumplía con los requisitos formales que establece la ley. Con ello, "El Licenciado" permanecerá recluido en El Altiplano mientras avanza el proceso judicial.
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Acusados guardan silencio
A lo largo de la audiencia, ninguno de los ocho detenidos emitió declaración alguna. Según se informó, tanto El Licenciado como los escoltas optaron por reservarse su derecho a declarar hasta que concluya el análisis de las pruebas presentadas por la Fiscalía estatal.

La defensa trató de convencer al juez de que las detenciones habrían sido ejecutadas de manera irregular. Entre sus argumentos, mencionaron supuestas omisiones en el debido proceso y afirmaron que existían inconsistencias en el informe policíaco. No obstante, el juez determinó que los señalamientos no eran suficientes para invalidar las detenciones y ratificó la prisión preventiva.
La próxima audiencia, agendada para el 26 de noviembre, será clave para determinar si los detenidos serán vinculados a proceso o si alguno de ellos obtiene su libertad. En esta nueva sesión, la Fiscalía presentará elementos adicionales para sustentar su teoría del caso, mientras que la defensa buscará desacreditar la legalidad y solidez de las pruebas.
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