INCONSISTENCIAS, DUDAS Y FALSEDADES
Caso Wallace se derrumba: de la caída de García Luna a la liberación de Juana Hilda
La Corte liberó a Juana Hilda González tras casi 20 años presa. Su caso revela las irregularidades del Caso Wallace, marcado por tortura, pruebas falsas y fabricación de culpables.
Este miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación inmediata de Juana Hilda González Lomelí, quien pasó casi 20 años en prisión acusada del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace, fundadora de la ONG Alto al Secuestro.
Los ministros de la Corte consideraron que la confesión de González Lomelí fue obtenida mediante intimidación, amenazas y coacción, lo que la vuelve inválida legalmente. Juana Hilda fue detenida en 2006 y sentenciada a 78 años de prisión por su presunta participación en uno de los casos más mediáticos del país. Sin embargo, este fallo marca un giro en el proceso que, por años, ha estado envuelto en denuncias de fabricación de pruebas, tortura y manipulación institucional.
Cerca de las 22:00 horas, González Lomelí abandonó el Centro Federal de Reinserción Social número 16, en Morelos, visiblemente emocionada y atónita. Vestida de rojo y acompañada por personal de la Defensoría Pública Federal, cruzó las rejas del penal mientras sostenía el documento que acreditaba su liberación. "Ahorita no quiero dar declaraciones, estoy en shock... todavía no lo puedo creer, pero gracias a mi equipo", dijo brevemente.
El origen del caso: una narrativa en entredicho
El caso Wallace comenzó el 11 de julio de 2005, cuando supuestamente Hugo Alberto Wallace fue secuestrado en Plaza Universidad, en la Ciudad de México. Al día siguiente, su madre denunció los hechos ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), asegurando haber recibido una llamada de los captores en la que exigían un rescate.
Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que Hugo no vivía con su madre desde los 15 años y que su relación era distante. A partir de ahí, se construyó una narrativa que pronto captó la atención mediática, impulsada en gran medida por la campaña emprendida por Isabel Miranda de Wallace. Utilizando espectaculares de su empresa Showcase y ofreciendo recompensas para localizar a los presuntos responsables, logró posicionarse como una figura central en el debate público sobre el secuestro.
La primera persona detenida fue Brenda Quevedo Cruz, arrestada en Estados Unidos en noviembre de 2005. Poco después, en enero de 2006, fue capturada Juana Hilda González. Una fotografía encontrada en su domicilio sirvió como base para incriminar a otras seis personas, todas las cuales denunciaron haber sido torturadas.
Entre los señalados también figuraban César Freyre Morales, Jacobo Tagle Dobin y los hermanos Alberto y Tony Castillo Cruz. Las pruebas clave del caso fueron confesiones obtenidas bajo tortura y una presunta gota de sangre hallada en un baño, evidencia que más tarde fue desacreditada, debido a que no pertenecía al empresario.
Política y poder: el ascenso de Isabel Miranda
Isabel Miranda de Wallace cobró notoriedad nacional tras emprender una agresiva campaña mediática. En 2010 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos de manos del presidente Felipe Calderón, y en 2012 fue candidata del PAN a la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal.
Cercana a figuras del calderonismo, como Genaro García Luna —actualmente preso en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico—, Miranda tuvo acceso privilegiado a penales y autoridades, según denuncias de familiares y abogados de los implicados en el caso Wallace.
La activista, aliada del expresidente panista, apareció junto a él en eventos públicos relacionados con la estrategia de seguridad diseñada y ejecutada por el entonces secretario de Seguridad Pública. De Calderón, Miranda dijo siempre haber "recibido mucho apoyo".
En abril de 2019, envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador solicitando una audiencia para conocer avances en la investigación sobre la desaparición de su hijo, pero no obtuvo la misma respuesta por parte del exmandatario.
Misoginia, tortura y fabricación de culpables
Juana Hilda González fue presentada públicamente como "la enganchadora", apodo que surgió por su trabajo como bailarina exótica y que marcó desde el inicio una narrativa cargada de estigmas y prejuicios. Su vida personal fue usada en su contra: medios de comunicación replicaron sin cuestionar la imagen de una mujer "peligrosa", "sexualizada" y vinculada al crimen.
En 2006 fue detenida y trasladada al penal de Santa Martha Acatitla. Tres años después dio a luz en prisión, donde ha permanecido desde entonces. Su caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras los señalamientos de tortura física, sexual y psicológica, y por las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos durante su detención y proceso judicial.
La defensa, encabezada por el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), denunció que su presunción de inocencia fue vulnerada desde el primer momento. Isabel Miranda de Wallace la identificó públicamente como pieza clave en el supuesto secuestro de su hijo, mientras que medios nacionales reprodujeron apodos como "la carnada" o "la za za za", en alusión a una canción que Juana bailaba en algunos espectáculos.
Uno de los elementos que más alimentaron el estigma fue la difusión de una fotografía en la que aparece junto a Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, entonces jefe de plaza del Cártel de los Beltrán Leyva. Esta imagen fue usada para reforzar una narrativa de culpabilidad, pese a que no existían pruebas sólidas de su participación en el crimen.
El caso de Juana Hilda no fue el único. Brenda Quevedo Cruz, otra de las acusadas, también denunció tortura y fue exhibida en medios con un disfraz de conejita. Un juez incluso la calificó como "demasiado independiente" por tener estudios universitarios y aspiraciones profesionales.
La otra cara del caso Wallace: evidencias de un montaje
El llamado caso Wallace ha sido denunciado por periodistas, activistas y organismos nacionales e internacionales como un ejemplo de fabricación de culpables. Desde 2014, la periodista Guadalupe Lizárraga reveló que Hugo Alberto Wallace utilizó su celular y tarjetas bancarias meses después de la fecha en que supuestamente fue asesinado. Además, la revista Proceso documentó la existencia de una segunda acta de nacimiento y CURP, expedidas en 2010, lo que reforzó las sospechas sobre inconsistencias fundamentales en el caso.
El periodista Ricardo Raphael también ha cuestionado la validez de la principal prueba pericial: una gota de sangre hallada en un baño de un departamento en Mixcoac. De acuerdo con estudios independientes, esa muestra pertenece en realidad a una mujer. Además, Raphael reveló que Hugo no era hijo biológico de José Wallace Díaz, como afirmaron las autoridades, sino de Carlos León de Miranda, primo hermano de Isabel Miranda. Esto invalidaría cualquier prueba genética basada en el ADN del esposo.
Las denuncias de tortura contra los acusados también han sido reiteradas y documentadas. César Freyre Morales, señalado como el supuesto líder del grupo, fue víctima de múltiples actos de tortura en penales de alta seguridad. Según testigos, Isabel Miranda de Wallace estuvo presente en algunas de estas agresiones. Jacobo Tagle Dobin fue torturado sexualmente tras su detención en 2010, y Jael Malagón Uscanga —condenado a 70 años de prisión— quedó parcialmente ciego por los golpes recibidos, pese a que ninguna víctima lo señaló directamente.
Brenda Quevedo Cruz, detenida en 2007 y extraditada dos años después, también denunció tortura sexual y psicológica durante su estancia en las Islas Marías. Su caso fue reconocido oficialmente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en septiembre de 2023, mediante la recomendación VG127.
Todas estas irregularidades han alimentado la hipótesis de que detrás del caso Wallace hubo un montaje sostenido desde las esferas del poder, con la participación de autoridades y figuras públicas, y a costa de la vida y libertad de al menos ocho personas.
¿El fin de la justicia en el caso Wallace?
En junio de 2023, Brenda Quevedo fue liberada tras pasar 15 años en prisión sin sentencia. En marzo de 2025, Isabel Miranda de Wallace falleció a los 73 años, dejando tras de sí una figura profundamente dividida entre el reconocimiento oficial y las acusaciones de haber construido un caso sobre la mentira, la tortura y el espectáculo mediático.
Su legado como activista por las víctimas hoy está marcado por denuncias de fabricación de culpables, manipulación de pruebas y uso político del dolor. La reciente liberación de Juana Hilda González no sólo simboliza una victoria legal, sino también un duro recordatorio de cómo el sistema judicial puede ser manipulado para castigar inocentes y validar una verdad construida desde el poder.
El caso Wallace ya no representa sólo una historia de presunto secuestro: se ha convertido en un emblema de cómo la justicia puede ser secuestrada.
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