Abarca no será juzgado por desaparición de los 43 de Ayotzinapa, pero seguirá en prisión

La justicia mexicana ha confirmado la absolución de José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, Guerrero, por el delito de secuestro en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Aunque esta resolución remarca una polémica dentro de una de las tragedias más dolorosas del país, Abarca permanecerá en prisión debido a otros cargos que enfrenta, incluyendo homicidio, lavado de dinero y delitos contra la salud.

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El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, ratificó la decisión que exime a José Luis Abarca de responsabilidad penal por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

Esta resolución se dio tras negar un amparo interpuesto por los familiares de los normalistas, quienes buscaban revertir la sentencia emitida en mayo de 2023 por el Tribunal Colegiado de Apelación del mismo circuito. Esta instancia había determinado que ni Abarca ni el exsecretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, eran responsables de los delitos de delincuencia organizada en la modalidad de secuestro y contra la salud.

El Tribunal argumentó que los padres de los estudiantes no contaban con el carácter de parte procesal dentro del juicio penal, por lo que no podían impugnar la resolución.

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Un revés a la justicia

El director del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" (Centro Prodh), Santiago Aguirre Espinosa, quien ha representado legalmente a las familias, promovió el recurso legal buscando revertir la absolución. No obstante, el tribunal confirmó que los familiares no tienen legitimación procesal para actuar en ese juicio en particular, limitando así sus posibilidades de participación en el caso judicial.

Esta decisión representa, según activistas y defensores de derechos humanos, un retroceso en el acceso a la justicia para las víctimas y una muestra más de los obstáculos que enfrentan quienes buscan la verdad en torno a lo ocurrido en Iguala.

¿Quién es José Luis Abarca Velázquez?

Abarca incursionó en la política tras consolidarse como empresario en el ramo de la joyería en Iguala, Guerrero. En 2011 fue postulado como candidato a la presidencia municipal por el PRD y ganó la elección para el periodo 2012-2014. Su administración quedó marcada por señalamientos de corrupción y vínculos con el crimen organizado.

El 26 de septiembre de 2014, su figura se convirtió en una de las más señaladas por la desaparición de los 43 estudiantes y el asesinato de seis personas. Testimonios e investigaciones iniciales lo colocaban como uno de los autores intelectuales del operativo que derivó en la tragedia.

Además de su carrera política, Abarca amasó una considerable fortuna. Se le atribuyen al menos 50 propiedades, incluyendo casas, departamentos, empresas y centros comerciales. En 2008 anunció la construcción de un centro comercial con una inversión estimada en 300 millones de pesos. Su familia también es propietaria de joyerías y negocios diversos en Guerrero.

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Su esposa, también bajo la lupa

María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca, fue nombrada presidenta del DIF municipal durante su gestión. Sin embargo, investigaciones federales la señalaron como la principal operadora de Guerreros Unidos, grupo criminal con fuerte presencia en la región. Su familia también fue relacionada con el Cártel de los Beltrán Leyva, lo que incrementó las sospechas sobre una red de protección y complicidad desde el poder municipal.

A pesar de haber sido exonerado en el caso Ayotzinapa, Abarca continuará internado en el penal federal del Altiplano. Cumple una sentencia de 20 años de cárcel por el asesinato de Justino Carbajal Salgado, quien fue su síndico durante su administración. Además, enfrenta procesos por lavado de dinero y delitos relacionados con el narcotráfico.

Las investigaciones federales indican que Abarca movió recursos de procedencia ilícita a través de sus negocios, y que su red empresarial habría servido como fachada para actividades delictivas. La Unidad de Inteligencia Financiera identificó operaciones sospechosas por montos millonarios y vínculos con personas ligadas al crimen organizado.

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