COLECTIVOS EXIGEN SU LIBERACIÓN
Activista Kenia Hernández cumple 4 años en prisión: ¿de qué se le acusa?
Kenia Hernández fue condenada a más de 21 años de cárcel por delitos que organizaciones sociales califican como fabricados.
Pobladores de Guerrero y miembros del Frente Popular de la Montaña desplegaron mantas y cartulinas frente a Palacio Nacional exigiendo la excarcelación de la activista Kenia Hernández, quien suma ya cuatro años privada de la libertad en un penal federal en Morelos, acusada de diversos delitos que sus defensores consideran parte de una estrategia de criminalización por su labor en defensa de los derechos humanos.
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La activista se encuentra en prisión desde 2020 en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil Número 16, en Coatlán del Río, Morelos. Cumple una condena que, sumando dos sentencias, asciende a 21 años y 9 meses de prisión. Las acusaciones en su contra incluyen ataques a las vías de comunicación y robo con violencia, derivados de su participación en manifestaciones en casetas de cobro.
Entre los mensajes mostrados por los manifestantes se leía: "Lic. Kenia Inés Hernández Montalván, presa política del Estado" y "Justicia para la Lic. Kenia Inés Hernández". Los manifestantes señalaron que los delitos imputados a la activista son inconsistentes y tienen como trasfondo un castigo por su activismo.
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¿Quién es Kenia Hernández y por qué está en prisión?
Nacida en el municipio de Xochistlahuaca, Guerrero, Kenia ha dedicado su vida a la defensa de los derechos de los pueblos originarios, las mujeres y el territorio. Como dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive y del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, impulsó acciones a favor de quienes han sido encarcelados por motivos políticos.
Debido al riesgo que enfrentaba por su activismo, fue integrada al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, las medidas de protección resultaron insuficientes frente al hostigamiento judicial que comenzó a intensificarse desde 2019.
La activista empezó a recibir amenazas y fue objeto de vigilancia constante. Posteriormente, se desató una serie de procesos legales en su contra que derivaron en su detención y posterior encarcelamiento.
Una cronología marcada por irregularidades
De acuerdo con el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Kenia fue arrestada por primera vez en junio de 2020 mientras participaba en una protesta pacífica en la caseta de cobro La Hortaliza, en la carretera Toluca-Valle de Bravo. La manifestación exigía la liberación de presos políticos. La activista fue aprehendida sin orden judicial y llevada al penal de Chiconautla, en el Estado de México, donde estuvo cinco días antes de recuperar su libertad.
No obstante, meses después, el 18 de octubre de 2020, fue nuevamente detenida. En esta ocasión, su captura ocurrió en la caseta de Amozoc, Puebla, y estuvo a cargo de más de 20 elementos policiacos. Según denunció la Relatora Especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, la aprehensión se realizó sin mostrar una orden judicial ni informar los motivos del arresto.
Durante varias horas, su paradero fue desconocido. Al día siguiente, se supo que se encontraba en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. A partir de entonces, las acusaciones en su contra comenzaron a acumularse.
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Sentencias por supuestos delitos federales y locales
La Fiscalía del Estado de México presentó múltiples cargos contra Hernández, incluyendo robo con violencia en agravio de la empresa Autovías Concesionadas Mexiquenses. El 24 de octubre de 2020, solicitó prisión preventiva oficiosa, pero la petición fue rechazada. Aun así, al día siguiente fue librada una nueva orden de aprehensión, esta vez por ataques a las vías de comunicación en perjuicio de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).
En los meses siguientes, la activista fue trasladada entre distintos centros penitenciarios y sometida a múltiples procesos judiciales. El 19 de febrero de 2021 fue condenada a 10 años y 6 meses de prisión y al pago de una multa de 21 mil pesos. Posteriormente, el 10 de marzo de 2022, se le impuso otra condena de 11 años y 3 meses.
Las organizaciones civiles denuncian que los cargos son desproporcionados y se basan en hechos inconsistentes o directamente fabricados. Además, Kenia enfrenta otros procesos judiciales en los estados de Guerrero, Morelos y Guanajuato, acumulando un total de nueve causas penales. Mientras organizaciones continúan exigiendo su libertad, el caso se mantiene como uno de los más emblemáticos sobre la criminalización del activismo en el país.
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