- 25 de marzo de 2025
El rancho Izaguirre ha generado controversia, mientras que el gobierno lo ve como un campo de entrenamiento, colectivos y expertos lo consideran un campo de exterminio.

El rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, se ha convertido en el epicentro de una polémica que enfrenta a autoridades estatales y federales. Lo único incuestionable es que el predio fue utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para actividades criminales.
Sin embargo, sigue en disputa si se trataba de un campo de exterminio o de un centro de adiestramiento. Mientras colectivos sostienen que allí se secuestraba, torturaba y asesinaba, el gobierno federal insiste en que el sitio solo era usado para entrenamientos tácticos.
Entre las versiones contradictorias, el descubrimiento de los cuerpos y la creciente indignación de los colectivos de búsqueda, persiste una inquietante interrogante: ¿hasta dónde se extiende la impunidad en este caso?
El hallazgo que lo cambió todo
El rancho Izaguirre cobró notoriedad tras un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y sicarios del CJNG en septiembre de 2024. Durante la operación, se liberó a dos secuestrados y se detuvo a diez personas, además de encontrarse un cuerpo sin identificar.
A pesar de la gravedad del hallazgo, la Fiscalía General de la República (FGR) declinó investigar el caso en ese momento, dejando la responsabilidad a las autoridades estatales. Durante seis meses, el lugar quedó en el abandono hasta que un colectivo de búsqueda de desaparecidos expuso evidencias escalofriantes: restos óseos calcinados, ropa abandonada y vestigios de hogueras donde, según testimonios, se deshacían de los cuerpos.

Desde entonces, los familiares de víctimas de desaparición forzada llevan denunciando que la gestión política se ha centrado en rechazar culpas y tratar de minimizar la gravedad de asunto, en lugar de depurar responsabilidades, saber qué pasó y encontrar a los culpables.
¿Campo de exterminio o de entrenamiento?
Este lunes en su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, han insistido en que el rancho era un centro de entrenamiento, no un sitio de exterminio. "No hay indicios de que en este lugar se haya utilizado para desapariciones sistemáticas", declaró Harfuch en una conferencia de prensa. "Lo que sí tenemos es evidencia de que en este sitio se capacitaba a jóvenes que eran reclutados con engaños".
Según la investigación federal, el rancho estaba bajo el control de José Gregorio "N", alias "Comandante Lastra", quien operó el sitio de mayo de 2024 a marzo de este año. El gobierno sostiene que allí se realizaban simulacros de combate y tácticas de guerrilla, lo que explicaría las instalaciones encontradas en el lugar.

Sin embargo, para el analista en seguridad Javier Oliva, la versión oficial es insuficiente. "Decir que solo era un campo de entrenamiento es minimizar la realidad. Este sitio tiene todas las características de otros lugares donde los grupos criminales han desaparecido a sus víctimas. La presencia de restos humanos calcinados no se explica solo con entrenamientos", señaló en una entrevista reciente.
Los colectivos de búsqueda también han rechazado la postura del gobierno federal. "No nos pueden decir que estos restos humanos son parte de un simulacro. Aquí asesinaron gente, y la falta de investigación lo único que hace es proteger a los responsables", denunció un representante del colectivo Luz y Esperanza.
¿Qué es un campo de exterminio?
Un campo de exterminio es un sitio donde se asesina sistemáticamente a personas con el único propósito de hacerlas desaparecer. Esta es la definición que utilizan los colectivos de búsqueda y expertos forenses que han analizado el rancho Izaguirre. Para ellos, los restos humanos hallados y la forma en que fueron destruidos indican un patrón de exterminio similar al de otros sitios usados por el crimen organizado.

La presidenta ha puesto especial interés en desmontar el concepto de campo de exterminio que se ha extendido estos días en los medios de comunicación y se ha apoyado en la falta, todavía, de investigaciones científicas en el subsuelo del rancho, algo que tendrá que hacer la FGR una vez que haya atraído el caso convenientemente. "Todavía no hay indicios de que haya sido un campo de exterminio", ha repetido. Conceptos aparte, el horror de lo sucedido allí ha sido reportado por los medios de comunicación y las declaraciones del secretario de Seguridad vienen a confirmarlo.
Más allá de la etiqueta que se le quiera poner al rancho Izaguirre, el caso expone las deficiencias en la investigación criminal en México. Desde que la Guardia Nacional descubrió el sitio, no se realizaron peritajes adecuados ni se indagó la relación entre el cartel y las autoridades locales.
La FGR tuvo la oportunidad de asumir el caso en septiembre de 2024, pero lo dejó en manos de la Fiscalía de Jalisco, que tampoco llevó a cabo una investigación exhaustiva. Solo tras la presión pública y las denuncias de los colectivos, el gobierno federal se ha visto obligado a reconsiderar su postura.

Discutir si el rancho Izaguirre era un campo de exterminio o de entrenamiento no cambia la realidad: allí se cometieron crímenes atroces. Mientras las autoridades se enredan en una disputa semántica, las familias de las víctimas siguen sin respuestas. La negligencia de ambas fiscalías y la falta de acción del gobierno solo prolongan el sufrimiento de quienes buscan justicia.
En un país con más de 125 mil desaparecidos, el caso del rancho Izaguirre no debería quedar como otro escándalo mediático, sino como una exigencia para que se fortalezcan las investigaciones y se garantice que estos crímenes no queden impunes.
A pesar de todo, la presidenta ha asegurado que la voluntad de su gobierno está del todo determinada a hallar la verdad de este caso y su trabajo destinado a aminorar el sufrimiento de las víctimas.
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