LEY OLIMPIA
Absuelven a joven del IPN en dos casos por alterar fotos con IA; continuará en prisión
El caso de Diego "N" sigue generando controversia ya que fue absuelto de dos acusaciones relacionadas con la edición y venta de imágenes de compañeras del IPN, aún enfrenta seis investigaciones más.
En una audiencia que duró más de cinco horas en el Reclusorio Oriente, un tribunal de enjuiciamiento decidió absolver a Diego "N" de dos casos en los que era señalado por el delito contra la intimidad sexual. Según el tribunal, los argumentos presentados por la representación legal de las víctimas no fueron suficientes para demostrar que el acusado cometió el delito.
Sin embargo, este fallo no marca el final del proceso para Diego, pues aún hay seis carpetas de investigación abiertas en su contra, relacionadas con el mismo patrón de conducta: alterar fotografías con el uso de inteligencia artificial para crear imágenes íntimas no consensuadas y venderlas a través de redes sociales.
El fallo judicial y la respuesta de las víctimas
Tras la absolución, Valeria Martínez Mondragón, abogada de las víctimas, expresó su inconformidad con la resolución del juez. "Aunque se acreditó que el delito ocurrió y hay elementos que lo demuestran, el juez determinó que no había pruebas suficientes para culpar a Diego. Esto deja a las víctimas en un estado de vulnerabilidad, pero seguiremos luchando en las carpetas restantes", afirmó.
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La decisión generó indignación entre las colectivas feministas y la sociedad civil, que han seguido de cerca este caso por su impacto en la lucha contra los delitos digitales y la violencia de género.
Previo a la audiencia, colectivos feministas se manifestaron frente al Reclusorio Oriente, ubicado en Iztapalapa, para exigir justicia en favor de las víctimas. Con pancartas y consignas, las manifestantes destacaron la importancia de aplicar la Ley Olimpia, una legislación creada para sancionar la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y proteger a las víctimas de violencia digital.
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¿Quién es Diego "N"?
Diego "N", exalumno del IPN, fue detenido en octubre de 2023 tras diversas denuncias por parte de compañeras que lo acusaron de editar imágenes de ellas con inteligencia artificial para hacerlas parecer desnudas. Las investigaciones revelaron que Diego habría almacenado más de 20 mil imágenes en un dispositivo personal, mismas que presuntamente comercializaba en redes sociales.
La detención ocurrió en la alcaldía Álvaro Obregón como resultado de un operativo de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México. En marzo de 2024, fue vinculado a proceso por el delito de trata de personas en la modalidad de almacenamiento de material fotográfico explícito de menores de edad.
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Las denuncias y el contexto legal
El caso ha sido un ejemplo de cómo los delitos digitales están impactando gravemente a las mujeres y niñas. Según la FGJ, Diego utilizaba tecnología avanzada para alterar imágenes y luego lucrar con ellas, violando la privacidad y la dignidad de las víctimas.
Además, las denuncias están relacionadas con la Ley Olimpia, un marco legal que busca sancionar la violencia digital contra las mujeres. Esta legislación surgió tras la experiencia de Olimpia Coral Melo, quien en 2014 fue víctima de la difusión no consensuada de imágenes íntimas por parte de su expareja. Su lucha llevó a que en 2018 Puebla se convirtiera en el primer estado en aprobar reformas para tipificar este delito. Desde entonces, la ley se ha extendido a más de 16 estados del país y ha inspirado iniciativas a nivel federal para homologar las sanciones.
La absolución parcial de Diego "N" ha desatado un debate sobre las limitaciones del sistema judicial mexicano para enfrentar los delitos digitales. Expertos legales y activistas han señalado que la falta de capacitación en temas tecnológicos y la ausencia de protocolos especializados son obstáculos para garantizar justicia en casos de violencia digital.
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La Ley Olimpia como referente
El caso de Diego "N" ha resaltado la importancia de la Ley Olimpia en el combate a los delitos digitales. A pesar de los avances logrados, el camino hacia la justicia aún enfrenta retos significativos, como la falta de armonización legislativa en todo el país y la necesidad de mayores recursos para las fiscalías que investigan este tipo de crímenes.
La legislación no solo busca sancionar a los responsables, sino también crear conciencia sobre el impacto que la difusión no consentida de material íntimo puede tener en la vida de las víctimas. Por ello, activistas y defensoras de derechos humanos insisten en la necesidad de implementar políticas públicas integrales que aborden este problema desde una perspectiva de género.
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