Homicidio y secuestro: los cargos que enfrentan los funcionarios detenidos en Operativo Enjambre

El Operativo Enjambre, realizado el pasado 22 de noviembre, dejó como saldo la detención de siete funcionarios municipales en el Estado de México, quienes enfrentan graves acusaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado. Esta acción, coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Sedena, Semar, la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado de México, busca desarticular redes delictivas infiltradas en los gobiernos locales.  

¿Quiénes son los funcionarios detenidos y de qué se les acusa?

Entre los detenidos destaca María Elena "N", expresidenta municipal de Amanalco, acusada de homicidio calificado. Según las investigaciones, habría sido la autora intelectual del asesinato del exsíndico Miguel Ángel Lara y su chofer Guillermo Jerónimo Roque, ocurrido en un ataque violento en 2023. Su caso será revisado en audiencia el 27 de noviembre.  

Otros de los implicados son Ellery Guadalupe "N", exdirectora del DIF municipal de Tonatico, y Rodolfo "N", exdirector operativo de Seguridad y Prevención Ciudadana de Ixtapaluca. Ambos enfrentan cargos por secuestro con fines de extorsión, un delito que podría acarrear penas severas si se comprueba su responsabilidad. Las audiencias para ambos están programadas para el 27 y 28 de noviembre, respectivamente.

Asimismo, Roberto "N", exjefe de región de la Dirección de Seguridad Pública de Ixtapaluca, y Eraclio "N", director de seguridad pública de Tejupilco, están imputados por el mismo delito de secuestro con fines de extorsión. En tanto, Omar "N", subdirector de Seguridad Pública de Naucalpan, es acusado de extorsión; y Manuel Alejandro "N", director de seguridad pública de Amanalco, enfrenta cargos por secuestro con fines de robo.  

Las autoridades confirmaron que todos los detenidos permanecerán bajo prisión preventiva justificada mientras se llevan a cabo las audiencias y se profundizan las investigaciones. Los imputados han sido trasladados a diversos centros penitenciarios, como los de Almoloya de Juárez, Otumba y Texcoco, para garantizar la continuidad del proceso judicial.  

El caso ha puesto en evidencia la posible infiltración del crimen organizado en las administraciones municipales del Estado de México, una problemática que el Operativo Enjambre busca combatir de manera frontal. Las autoridades han señalado que este es solo el inicio de una estrategia más amplia para desmantelar estas redes y garantizar la rendición de cuentas de quienes, desde cargos públicos, hayan colaborado en actividades ilícitas.  

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