¿Las playas mexicanas son públicas?

En México, las playas son bienes nacionales de uso común, lo que significa que cualquier persona tiene el derecho de disfrutarlas sin restricciones; esto está establecido claramente en la Ley General de Bienes Nacionales, la cual estipula que ni nacionales ni extranjeros pueden apropiarse del acceso o uso del mar y las playas en el país. 

Sin embargo, recientes incidentes han evidenciado que algunos extranjeros aún intentan privatizar estos espacios.

Un caso más a la lista

El más reciente caso se dio en el puerto de Santa Clara, Yucatán, cuando un video difundido en redes sociales mostró a un multimillonario italiano que intentaba reclamar como suyo un tramo de playa. 

Durante el altercado, un pescador local confrontó al extranjero, defendiéndose al argumentar que su actividad pesquera es parte de su derecho y sustento. El pescador le pidió al hombre que no obstruyera el acceso al mar, enfatizando que las playas son públicas y él tenía pleno derecho a estar allí.

Este tipo de confrontaciones no son nuevas en México. En otro incidente ocurrido en Cancún, una turista extranjera intentó sacar del mar a una visitante mexicana, alegando tener control sobre ese espacio. 

¿Qué dice la ley sobre el uso de playas públicas en México?

Este episodio también fue capturado en video y generó gran indignación en redes sociales, donde los usuarios reiteraron que las playas del país no pueden ser privatizadas bajo ninguna circunstancia.

Estos incidentes reflejan la necesidad de mayor conciencia sobre la legislación mexicana en torno a las playas. Desde 2020, las reformas a la ley han buscado fortalecer el derecho al libre acceso a las playas, sancionando a aquellos que intenten limitar su uso.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ha trabajado en conjunto con otras autoridades para garantizar que estos espacios se mantengan accesibles para todos.

Así que, si eres mexicano, recuerda: tienes el derecho de disfrutar de cualquier playa en el país. Ante estos intentos de privatización, es fundamental que la ciudadanía conozca y defienda sus derechos para asegurar que estos espacios continúen siendo de uso libre y comunitario.