El Congreso aprueba multas para venta de alcohol en la vía pública

Si eres de los que disfruta de una michelada en la esquina de la calle, será mejor que te prepares para un gran cambio. A partir de este viernes, los puestos callejeros que ofrezcan bebidas alcohólicas sin permiso serán sancionados. Esta medida no solo busca controlar el consumo desmedido de alcohol en la vía pública, sino también evitar conflictos y comportamientos violentos asociados a estos negocios improvisados. 

Así que, si planeas salir por una bebida, asegúrate de que el establecimiento tenga los permisos adecuados, porque las reglas han cambiado. Sin embargo no podemos dejar de lado que esto no sólo implica al establecimiento sino también a los que deciden comprar en ellos, por lo tanto recuérdale al malacopa del grupo que su lugar favorito podría cerrar si no tiene el comportamiento adecuado.

El adiós a las chelerías sin control

Con una votación de 62 votos a favor, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una iniciativa que sanciona la venta de alcohol en la vía pública, una medida que afecta directamente a las populares "chelerías". Estos puntos de venta informales, donde las personas solían comprar bebidas alcohólicas para consumirlas en la calle, serán multados si no cuentan con los permisos correspondientes. 

La reforma, propuesta por el jefe de Gobierno, Martí Batres, modifica la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México para incluir nuevas sanciones que van desde multas económicas hasta arresto y trabajo comunitario.

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La propuesta se centra en combatir el descontrol generado por estos negocios callejeros, que muchas veces no cumplen con las normas sanitarias y de seguridad. Además, se busca reducir los problemas asociados al consumo excesivo de alcohol en espacios públicos, como accidentes de tránsito y altercados violentos. 

Ahora, cualquier establecimiento que ofrezca bebidas alcohólicas en la vía pública sin permiso será sancionado con multas de hasta 3 mil 257 pesos, arrestos de hasta 36 horas o la imposición de trabajo comunitario.

¿Qué dice la Ley de Cultura Cívica?

La nueva medida se incorpora a la Ley de Cultura Cívica bajo el argumento de que la venta de alcohol en la calle es una infracción contra la seguridad ciudadana. Aunque la ley ya establecía sanciones para el consumo de alcohol en lugares no autorizados, ahora se refuerza con la prohibición explícita de vender bebidas alcohólicas sin permiso en la vía pública. Se mantendrán excepciones para ferias y festividades.

El artículo 28 de la ley enumera varias infracciones relacionadas con el uso del espacio público, pero la venta de alcohol sin permiso, aunque no está mencionada directamente, se encuadra en disposiciones sobre el impedimento de la libertad de tránsito y el uso no autorizado del espacio público. De esta manera, los puntos de venta que obstaculicen la vía pública o que no cuenten con permisos serán sancionados.

El consumo de alcohol en espacios no autorizados también está contemplado en la ley, específicamente en el punto V, que establece que la ingesta de bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados es una infracción. Esto se agrava si el consumo provoca altercados, como riñas, que están sancionadas bajo el punto VIII.

Multas y sanciones

Las multas para quienes vendan alcohol en la calle sin permiso ascienden a entre 2 mil 171 y 3 mil 257 pesos, equivalentes a 21 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Además, los infractores podrían enfrentar arrestos de hasta 36 horas o ser obligados a realizar trabajo comunitario durante 12 a 18 horas.

Esta medida no es solo un golpe para los negocios callejeros, sino también para aquellos que frecuentan estos puntos de venta como una alternativa económica y accesible para disfrutar de una bebida. Sin embargo, las autoridades argumentan que esta regulación busca, ante todo, proteger a la ciudadanía de los problemas derivados del consumo descontrolado de alcohol.

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¿Se acabaron las chelerías?

La respuesta corta es sí, al menos para aquellos negocios que operaban sin ningún tipo de regulación. Con esta reforma, las chelerías solo podrán continuar funcionando si tramitan los permisos correspondientes ante las autoridades. De lo contrario, serán objeto de las nuevas sanciones. Esto afectará no solo a los vendedores, sino también a la cultura del consumo callejero de alcohol, que se ha popularizado en las últimas décadas.

La diputada Yuriri Ayala, secretaria de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue una de las principales voces a favor de esta reforma. Ayala argumentó que estos puntos de venta irregulares "generan múltiples problemas, que van desde la perturbación del orden público hasta el incremento de accidentes de tránsito y la violencia asociada al consumo inmoderado de alcohol". Además, subrayó que las chelerías han fomentado el consumo entre jóvenes e incluso menores de edad, quienes tienen fácil acceso a bebidas alcohólicas sin ningún tipo de control sanitario.

Para la diputada, el objetivo principal de esta reforma es disuadir a las personas de vender alcohol de manera informal, además de facilitar el trabajo de las autoridades encargadas de vigilar el comercio de bebidas alcohólicas en la ciudad. Con una herramienta jurídica más sólida, se espera que la aplicación de esta ley sea efectiva y que se reduzcan los problemas asociados a estos negocios callejeros.

¿Una reforma necesaria o insuficiente?

Aunque la iniciativa ha sido bien recibida por muchos sectores, también ha generado cuestionamientos sobre su aplicabilidad. El diputado Royfid Torres, del Movimiento Ciudadano, expresó su apoyo a la reforma, pero señaló que su efectividad dependerá de la capacidad de las autoridades para aplicarla de manera correcta. En su opinión, el problema no solo reside en la existencia de la ley, sino en la permisividad que ha caracterizado a las autoridades en la regulación de este tipo de comercios.

Según Torres, el desafío más grande será garantizar que la ley se cumpla y que no haya excepciones injustificadas, algo que ha sucedido en el pasado con otras regulaciones. En muchos casos, los comerciantes ilegales han encontrado formas de evadir las sanciones o han contado con la tolerancia de las autoridades locales. Por ello, aunque la reforma es un paso adelante, será fundamental que exista una voluntad política real para hacerla efectiva.

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