De acuerdo con información de Corporación Miles, Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo, entre marzo y septiembre de 2020, el Instituto de Salud Públlica (ISP) de Chile informó que ocho lotes de píldoras anticonceptivas que se administraban en centros de salud públicos estaban defectuosos , por lo que ordenaron su retiro del mercado.
Sin embargo, una semana después de dicho incidente, la misma institución incluido que se volviera a distribuir Anulette CD, la marca responsable de las píldoras anticonceptivas inservibles.
El Instituto de Salud Pública de Chile argumentó que las fallas que presentaba el producto eran totalmente visibles, por lo que argumentaron que podía detectar una vista simple.
De acuerdo con datos brindados por Corporación Miles, a autorizar la distribución de dicha marca, ocasionó que en Chile, un total de 111 mujeres denunciaran embarazos no deseados por culpa de dicho medicamento, entre ellas, jóvenes menores de edad.
Además, la agencia EFE detalló que fuentes del ISP indicaron que la institución todavía está estudiando su posición y responsabilidad en el caso.
Por su parte, la abogada de Corporación Miles, dijo que ella podía detectar a dos responsables del hecho, es decir, el laboratorio que fabricó los medicamentos y el gobierno por no hacer un seguimiento de la calidad del producto, así como por el no atender las necesidades de las afectadas.
A pesar de la situación, las autoridades chilenas no les permitieron abortar a ninguna de las mujeres afectadas que así lo deseara, argumentando que dicha negligencia no está en ninguna de las tres causales por las que está permitido el aborto en Chile.
El caso fue llevado hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) por Estefanny Molina, abogada de la organización Women's Link Worlwide, por considerar que la situación representa "una cadena completa de violación a los derechos sexuales de las mujeres chilenas ".