Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) señalaron este domingo que en un Estado democrático de derecho las diferencias de opinión no se persiguen como delitos, esto luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentara una denuncia contra seis concejeros.
En documento firmado por los consejeros indicaron que las decisiones del consejo general del INE pueden no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos, por ello, la legislación prevé que éstas pueden ser impugnadas, como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados por tal medida.
"Serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan en última instancia sobre este asunto lo que en derecho corresponda y el INE, como siempre, acatará esas decisiones", señalaron.
Los consejeros del INE señalaron que es muy preocupante que pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra consejeros que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el secretario ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado.
Asegurarón que se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del consejo general valoran y votan los asuntos que les competen.
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@INEMexico (@INEMexico) December 27, 2021
Denuncia
Gutiérrez Luna, diputado por Morena, denunció ante la FGR a seis consejeros electorales por el acuerdo con el que decidieron posponer temporalmente la organización de la consulta de revocación de mandato, debido a la falta de presupuesto.
El consejo general del INE por mayoría aprobó el acuerdo de posponer temporalmente algunas actividades preparatorias para la organización de la eventual consulta de Revocación de Mandato.
Los consejeros electorales indicaron que por encima de las diferentes posiciones que han adoptado sobre esta y otras decisiones, rechazan las denuncias penales y toda forma de intimidación y vulneración de su autonomía.
Las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión, señalaron.