- 03 de noviembre de 2026
La presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, informó que las 10 consejerías acordaron denunciar posibles irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei.

Tras la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de señalamientos por presuntos actos de corrupción e irregularidades durante su gestión, el organismo informó que alista una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue a la exconsejera y a otros funcionarios que pudieran estar involucrados.
La presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, explicó que las 10 consejerías acordaron trabajar de manera conjunta con sus equipos jurídicos para integrar la denuncia y poner los señalamientos en conocimiento de las autoridades ministeriales.
La funcionaria precisó que las investigaciones no necesariamente se limitarían a una sola persona, pues corresponderá a la Fiscalía determinar quiénes pudieron tener alguna responsabilidad en las presuntas irregularidades.
"Puede ser que no nada más se investigue a una persona, sino a varios funcionarios que estén señalados de posibles irregularidades", señaló Cruz García.
De acuerdo con la presidenta provisional, el documento podría presentarse a más tardar este miércoles 4 de noviembre, una vez que los equipos jurídicos concluyan su integración.

INE investigará a funcionarios de todos los niveles
Blanca Cruz aclaró que la denuncia no estará dirigida exclusivamente contra Guadalupe Taddei ni contendrá, por ahora, una lista cerrada de personas señaladas, pues la intención es permitir que la Fiscalía determine quiénes pudieron participar en las presuntas irregularidades.
"Nosotros no podríamos señalar ni un número de personas ni un listado preliminar", explicó al referirse al alcance que tendrá la denuncia.
La consejera presidenta provisional sostuvo que corresponderá a la FGR establecer si existen elementos para acreditar alguna conducta delictiva y deslindar las responsabilidades correspondientes.
Además, recordó que las posibles anomalías también son revisadas por el Órgano Interno de Control del INE y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), instancias que mantienen indagatorias relacionadas con contratos y proveedores durante la administración de Taddei.
Revisan contratos y salidas de funcionarios tras renuncia de Taddei
La presentación de la denuncia ocurre mientras el INE realiza una revisión de su estructura administrativa y de los contratos celebrados durante la gestión de la exconsejera presidenta. Como parte de este proceso, el organismo informó que se han registrado 30 renuncias de funcionarios de confianza, de las cuales 17 corresponden a integrantes de la oficina que encabezaba Guadalupe Taddei.
Entre las salidas destaca la de Carlos Daniel Luna Rosas, quien se desempeñaba como jefe de oficina de la entonces presidenta del instituto. También dejaron sus cargos titulares y funcionarios de distintas áreas, entre ellas Servicios de Informática y Comunicación Social. A su vez, las consejerías revisan los procedimientos de contratación y los posibles conflictos de interés que han sido señalados en las últimas semanas.
Uno de los casos bajo escrutinio involucra la adjudicación directa de contratos por 197.6 millones de pesos a las empresas Cajas Graf y Corporativo Zeg durante 2025, las cuales fueron relacionadas con el empresario José Alfredo Hernández Casillas.

Los señalamientos también alcanzaron a Jonathan Navarrete Torres, quien habría fungido como chofer de Taddei y figuraba como apoderado legal de una de las compañías.
Ante este panorama, el INE busca facilitar las investigaciones de las autoridades fiscalizadoras y determinar si existieron irregularidades en el manejo de recursos públicos o en la asignación de contratos.
La eventual denuncia ante la FGR abrirá una nueva etapa en las investigaciones sobre la administración de Guadalupe Taddei. Sin embargo, serán las autoridades las que determinen si existen elementos para fincar responsabilidades penales a la exfuncionaria o a otros servidores públicos involucrados.
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