- 21 de septiembre de 2026
Sheinbaum y Trump enfrentan una agenda bilateral marcada por la revisión del T-MEC, los aranceles y una creciente presión de EE.UU. contra los cárteles y funcionarios vinculados al narcotráfico.

Una llamada telefónica entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump puso fecha a una nueva ronda de negociación del T-MEC. Pero la conversación también dejó sobre la mesa otros dos frentes que complican la relación bilateral: los aranceles y la presión contra los cárteles y sus redes de apoyo. En los últimos días, esa presión llegó incluso al señalamiento de posibles vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales, de acuerdo con autoridades estadounidenses.
México busca avanzar en la revisión del tratado y resolver los aranceles que afectan algunas de sus exportaciones, mientras la administración de Trump plantea cambios para limitar la entrada de productos de otros países a su mercado y reclama mayores resultados en el combate al crimen organizado.
El T-MEC llega a una negociación más amplia
El 16 de septiembre, Sheinbaum y Trump hablaron por teléfono sobre los aranceles al acero, aluminio y vehículos, además de la revisión del T-MEC. La presidenta confirmó la conversación dos días después y explicó que hubo avances, aunque algunos acuerdos todavía no podían hacerse públicos. Este lunes 21 de septiembre, adelantó que las conversaciones formales sobre el tratado se llevarán a cabo hacia finales de mes.
La agenda se ha ampliado durante las conversaciones. Sheinbaum explicó que la negociación comenzó con 54 puntos planteados por Washington y que la lista creció hasta casi 90 temas. México, dijo, ha presentado alternativas para cada uno, aunque algunas propuestas no son aceptables para el gobierno mexicano porque podrían contradecir sus leyes o afectar sus intereses.
Uno de los asuntos que preocupan a Washington es que productos fabricados fuera de Norteamérica lleguen a su mercado a través de México. El representante comercial, Jamieson Greer, señaló que su gobierno busca evitar que mercancías o componentes de China y Vietnam sean transformados en territorio mexicano y después ingresen al mercado estadounidense aprovechando las ventajas del T-MEC.
Ese no es el único punto de desacuerdo. Greer reconoció que México ha mantenido una postura "muy pragmática" durante las conversaciones y destacó que ambos gobiernos han trabajado mediante negociaciones discretas. Aun así, persisten diferencias comerciales: el acero y el aluminio mexicanos continúan sujetos a aranceles del 50 por ciento.

Washington amplía la presión contra los cárteles y sus redes financieras
El combate contra los cárteles no se ha concentrado únicamente en detener a sus integrantes o decomisar drogas. Washington también ha puesto el foco en el dinero que permite a estas organizaciones comprar armas, adquirir precursores y mantener sus operaciones. La Embajada de Estados Unidos en México ha señalado que la estrategia busca afectar los recursos ilícitos, a quienes facilitan su movimiento y a las redes que permiten mantenerlos en circulación.
En este frente aparecen las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una dependencia del Departamento del Tesoro estadounidense. Estas medidas permiten bloquear bienes e intereses financieros de personas y empresas designadas, además de prohibir determinadas operaciones con ellas dentro del sistema financiero bajo jurisdicción estadounidense.

En acciones anteriores contra redes vinculadas con cárteles mexicanos, las sanciones han alcanzado no sólo a integrantes de las organizaciones criminales, sino también a empresas y personas señaladas como facilitadoras de sus actividades.
El objetivo es afectar los recursos con los que estos grupos pagan a sus integrantes, compran insumos, adquieren armas o intentan introducir las ganancias del narcotráfico a la economía formal. Por eso, el combate financiero se ha convertido en otra herramienta dentro de la estrategia contra los cárteles.

De los cárteles a los funcionarios: la presión entra al terreno político
El siguiente señalamiento apunta a funcionarios que, según autoridades estadounidenses, colaboren con organizaciones criminales. Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, afirmó que el gobierno de Trump también buscará actuar contra funcionarios de México y Estados Unidos que tengan vínculos con estos grupos. Entre las medidas que mencionó están las restricciones migratorias y la revocación de visas.
Con esto, el combate al crimen organizado entra directamente al terreno político. En este contexto ha cobrado fuerza el término "narcopolítica", usado para hablar de los posibles vínculos entre grupos criminales y funcionarios. Sin embargo, las acusaciones concretas deben distinguirse de las interpretaciones y señalamientos políticos que se han hecho alrededor del tema.

Ante estas exigencias, Sheinbaum ha defendido que México conoce sus problemas y está actuando contra el crimen organizado. También ha rechazado que otro país juzgue a México desde fuera y ha pedido mayores acciones del lado estadounidense contra el tráfico de armas, el lavado de dinero y la distribución de drogas en su territorio.
Así, el desacuerdo ya no se limita a cómo combatir a los cárteles, sino también a la forma en que cada gobierno aborda los posibles vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales. México sostiene que el combate requiere acciones de ambos lados de la frontera, mientras Washington plantea investigar y sancionar a quienes colaboren con estos grupos.
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