DE CONTRATOS PÚBLICOS A PROPIEDADES
El esquema de García Luna: así desvió 759 mdd del erario tras dejar la Secretaría de Seguridad
Así fue como Genaro García Luna habría construido una red de empresas que movió cientos de millones de dólares y que ahora México busca recuperar.
Durante años, el dinero salió de oficinas públicas mexicanas, pasó por empresas y cuentas bancarias, cruzó fronteras y terminó relacionado con propiedades y otros bienes en Estados Unidos. Seguir esa ruta no fue sencillo.
La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reconstruyó ese camino y calculó que las operaciones relacionadas con la red investigada alcanzaron un monto equivalente a unos 759 millones de dólares. La cifra no significa que las autoridades hayan encontrado todo ese dinero guardado en una cuenta bancaria, sino que se trata de una estimación de los recursos que formaron parte de los contratos, pagos y movimientos bajo investigación.
El caso está relacionado con una red de empresas y personas vinculadas con Genaro García Luna, quien dejó la Secretaría de Seguridad Pública en 2012. Sin embargo, de acuerdo con la UIF, los movimientos de dinero relacionados con esa estructura continuaron años después de su salida del gobierno.
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Los contratos públicos que dieron origen a la investigación
Para entender la investigación hay que comenzar por el origen del dinero. La UIF identificó alrededor de 30 contratos celebrados entre instituciones públicas y empresas relacionadas con la red investigada. Según las autoridades, algunos de esos acuerdos habrían permitido cobrar productos o servicios a precios mucho más altos de su valor real.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó el mecanismo con un ejemplo sencillo: algo que cuesta 10 pesos podía ser vendido al gobierno en 100. También existía otra posibilidad: realizar un pago por un producto o servicio que, simplemente, nunca se entregaba.
En los documentos, las operaciones podían parecer normales. Pero detrás de esos contratos, según la investigación, existían pagos que habrían permitido sacar grandes cantidades de dinero público y poner en marcha el recorrido que después las autoridades intentaron reconstruir.
Así pasó el dinero por distintas empresas y cuentas
El siguiente paso era hacer más difícil seguirle la pista. De acuerdo con la UIF, los recursos no permanecían necesariamente en la empresa que había recibido el pago. El dinero podía ser enviado a otras compañías relacionadas con la misma red y después continuar su recorrido.
Dicho de forma sencilla, el dinero cambiaba de empresa y de cuenta varias veces. Cada movimiento añadía una nueva etapa a la ruta y hacía más complicado saber de dónde había salido originalmente y quién terminaría controlándolo.
Entre las empresas mencionadas en la investigación se encuentra Nunvac. Las autoridades también señalaron a integrantes de la familia Weinberg como piezas importantes dentro de la red empresarial relacionada con las operaciones investigadas y con el dinero que posteriormente fue rastreado fuera de México.
Barbados y Florida: la ruta del dinero fuera de México
Seguir el dinero llevó la investigación fuera del país. Según la UIF, parte de los recursos pasó por lugares como Barbados y posteriormente llegó a Estados Unidos, principalmente a Florida.
Mover dinero entre distintos países y empresas hizo que la operación fuera más difícil de reconstruir. Sin embargo, mediante el análisis de contratos, transferencias y cuentas bancarias, las autoridades mexicanas lograron seguir una parte de su recorrido y conocer cómo se relacionaban las empresas y las personas involucradas.
Ese trabajo permitió localizar propiedades y otros bienes que podrían estar relacionados con los recursos bajo investigación. Ahí comenzó una segunda etapa: ya no sólo se trataba de descubrir hacia dónde había ido el dinero, sino también de encontrar qué se había comprado con él.
De seguir transferencias a buscar casas y propiedades
La investigación financiera abrió la puerta para buscar bienes relacionados con los recursos investigados. Con la información reunida, la UIF presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en diciembre de 2019.
Dos años después, en septiembre de 2021, México inició acciones legales en Florida. El objetivo era recuperar propiedades y otros activos que, según la demanda presentada por el Estado mexicano, estaban relacionados con la red investigada.
El caso avanzó durante varios años en tribunales estadounidenses hasta que, el 19 de mayo de 2026, un tribunal de Florida emitió una sentencia a favor del Estado mexicano. La resolución fue por aproximadamente 578.5 millones de dólares contra integrantes de la familia Weinberg y empresas relacionadas con el esquema investigado.
México aún debe recuperar los 578.5 millones de dólares
La sentencia fue uno de los avances más importantes del caso, pero recuperar el dinero es un proceso distinto. Aunque un tribunal determine que determinados bienes deben pasar al Estado mexicano, primero es necesario localizarlos, recuperar su control y, en algunos casos, venderlos.
Por eso, los 578.5 millones de dólares reconocidos en la sentencia no significan que esa cantidad ya esté en las cuentas de México. Obtener una resolución favorable es una parte del proceso, pero convertir los bienes recuperados en recursos disponibles requiere otros pasos.
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Hasta ahora, el Estado mexicano ha recuperado 5 millones 805 mil 693.50 dólares. El dinero obtenido provino de una póliza de fianza y de la venta de 12 propiedades ubicadas en Florida y relacionadas con la familia Weinberg.
Es decir, la investigación logró avanzar desde el seguimiento de contratos y transferencias bancarias hasta la localización y recuperación de algunos bienes. Sin embargo, todavía existe una diferencia importante entre el monto total relacionado con el caso y el dinero que ha regresado hasta ahora a México.
Los 759 millones de dólares: qué representa realmente esta cifra
La UIF identificó aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares relacionados con las operaciones investigadas. Al sumar ambas cantidades y hacer la conversión correspondiente, el monto equivale a cerca de 759 millones de dólares.
Ese número representa el tamaño estimado de los recursos involucrados en el esquema investigado, no el dinero que México ha recuperado hasta ahora. Por eso, la cifra no debe confundirse con una cantidad encontrada en una sola cuenta o con recursos que ya hayan regresado al país.
La diferencia entre ambas cantidades muestra justamente la dificultad del proceso: una cosa es detectar cuánto dinero pudo haber circulado y otra muy distinta localizar los bienes relacionados con esos recursos y recuperarlos para el Estado mexicano.
El dinero recuperado irá a escuelas en Guerrero
Parte de la historia, sin embargo, ya tuvo un destino diferente. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los más de 5.8 millones de dólares recuperados hasta ahora, equivalentes a cerca de 100 millones de pesos, serán destinados a proyectos educativos en La Montaña de Guerrero.
Los recursos serán utilizados principalmente para fortalecer la educación media superior y superior en una de las regiones con mayores necesidades del país. De ser necesario, también podrían destinarse recursos para atender necesidades relacionadas con la educación básica.
Mientras tanto, la búsqueda continúa. La UIF mantiene abiertas las acciones para localizar otros activos relacionados con la red investigada y recuperar una mayor cantidad de recursos para el Estado mexicano.
La historia de los 759 millones de dólares, por ahora, no termina con una sentencia ni con las primeras propiedades recuperadas. La investigación continúa en una etapa más difícil: encontrar lo que falta, recuperar los bienes pendientes y lograr que esos recursos vuelvan a convertirse en dinero para México.
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