Del caso Cienfuegos a la "conexión mortal" con los cárteles: las tensiones entre México y la DEA

La relación entre México y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. Las recientes declaraciones de su director, Terry Cole, quien aseguró que existe una "conexión mortal" entre los cárteles del narcotráfico y el Gobierno mexicano, no solo provocaron una respuesta inmediata de la administración de Claudia Sheinbaum, sino que también revivieron el caso del general Salvador Cienfuegos, un expediente que marcó un antes y un después en la cooperación bilateral contra el crimen organizado.

La controversia comenzó durante la conferencia Fentanyl Free America, celebrada en Orlando, Florida, donde Cole afirmó que los grupos del narcotráfico mantienen vínculos con funcionarios mexicanos y sostuvo que esa presunta relación representa uno de los principales obstáculos para combatir el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

El funcionario estadounidense incluso calificó esa situación como una "conexión mortal" entre el Gobierno de México y las organizaciones criminales, declaraciones que rápidamente generaron reacciones de ambos lados de la frontera.

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La respuesta del Gobierno de México

Horas después de las declaraciones, el Gabinete de Seguridad federal emitió un posicionamiento en el que rechazó categóricamente los señalamientos de la DEA.

Las autoridades mexicanas calificaron las acusaciones como infundadas y aseguraron que no corresponden con los resultados obtenidos en el combate a la delincuencia organizada durante la administración de la presidenta Sheinbaum.

Como parte de su respuesta, el Gobierno informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026 fueron detenidas 59 mil 582 personas presuntamente vinculadas con actividades delictivas.

También destacó el aseguramiento de más de 31 mil armas de fuego, el decomiso de 498 toneladas de droga, incluidas más de 2.3 toneladas y 5.5 millones de pastillas de fentanilo, así como la destrucción de 2 mil 627 laboratorios clandestinos utilizados para fabricar metanfetaminas.

Además, sostuvo que más de 80 servidores y exservidores públicos han sido detenidos por presuntos vínculos con actividades ilícitas, entre ellos siete alcaldes en funciones, como parte de distintas investigaciones.

Con estos resultados, el Gobierno afirmó que en México "no existe protección para ninguna persona que incurra en conductas ilícitas".

El caso Cienfuegos, el mayor punto de ruptura

Aunque las diferencias entre ambos países no son nuevas, especialistas consideran que el caso del general Salvador Cienfuegos representó uno de los episodios que más deterioró la confianza entre México y la DEA.

El exsecretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fue detenido en octubre de 2020 en Los Ángeles, acusado por autoridades estadounidenses de narcotráfico y lavado de dinero.

La investigación de la DEA sostenía que Cienfuegos habría colaborado con el grupo criminal conocido como Cártel H-2, derivado de una pesquisa que originalmente estaba dirigida contra Juan Francisco Patrón Sánchez, alias "El H2", y Daniel Isaac Silva Gárate, identificado como "El H9".

Según la agencia estadounidense, diversas comunicaciones interceptadas permitían identificar al militar bajo los alias de "Padrino" y "Zepeda", además de atribuirle acciones para favorecer las operaciones del grupo criminal.

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El expediente que México hizo público

Tras intensas negociaciones diplomáticas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró los cargos y permitió que Cienfuegos regresara a México para ser investigado por la FGR. La misma concluyó que no existían pruebas suficientes para proceder penalmente contra el exsecretario y determinó el no ejercicio de la acción penal.

La decisión fue respaldada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien además ordenó hacer público el expediente enviado por las autoridades estadounidenses.

El documento, integrado por 748 páginas, contenía principalmente mensajes de texto, fotografías y reportes de inteligencia que, según la DEA, sustentaban la investigación.

Sin embargo, el Gobierno mexicano sostuvo que la evidencia era circunstancial y argumentó que no existían pruebas concluyentes que demostraran que el general hubiera enviado los mensajes atribuidos a él.

Incluso planteó la posibilidad de que un integrante del crimen organizado hubiera utilizado el nombre del militar para hacerse pasar por él durante las conversaciones interceptadas.

Mientras la DEA insiste en que la infiltración del crimen organizado en instituciones mexicanas dificulta el combate a los cárteles, el Gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que las cifras de detenciones, decomisos y acciones contra funcionarios investigados demuestran una política de combate frontal al crimen organizado.

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