Morena denuncia a Adrián de la Garza ante la FGR por contrato millonario con Next Energy

La disputa política y legal en torno al fallido proyecto de energía limpia para Monterrey escaló este miércoles a nivel federal.

La dirigencia de Morena en Nuevo León presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el alcalde regiomontano, Adrián de la Garza, por su presunta responsabilidad en la firma de un contrato que habría generado un daño económico superior a los 7 mil 300 millones de pesos al municipio.

Acompañados por legisladores federales y locales, dirigentes morenistas acudieron a las instalaciones de la fiscalía para solicitar una investigación sobre las circunstancias en las que fue celebrado el acuerdo con la empresa Next Energy de México, compañía que durante años estuvo encargada de desarrollar un proyecto de generación de energía limpia para la capital de Nuevo León.

La denuncia se centra en el delito de ejercicio abusivo de funciones, figura contemplada en la legislación federal para sancionar a servidores públicos que intervienen en contratos o actos administrativos que beneficien indebidamente a terceros con los que exista algún tipo de vínculo o relación.

Señalan posible conflicto de interés en la firma del convenio

La presidenta estatal de Morena, Anabel Alcocer Cruz, sostuvo que la intención de la denuncia es esclarecer si durante la contratación existieron conductas ilegales o conflictos de interés que afectaran las finanzas municipales.

Uno de los puntos que busca investigar el partido es la participación de la entonces contralora municipal, Jobita Morín Flores, quien habría intervenido en la formalización del contrato y que, según los señalamientos presentados por Morena, mantenía una relación con la empresa beneficiada.

Durante la presentación de la denuncia, Alcocer recordó que:

"El delito de ejercicio indebido de funciones está previsto y sancionado en el artículo 220 del código penal federal que penaliza a los servidores públicos que precisamente aprovechándose de su cargo intervienen en contratos o en actos que generan beneficios económicos de manera indebida para ellos mismos o de personas con las cuales tienen un tipo de relación o vínculo".

La acción legal fue respaldada por los senadores Alejandro Murat, Waldo Fernández y Blanca Judith Díaz Delgado, además de diputados locales y figuras políticas de Morena en Nuevo León, entre ellas Tatiana Clouthier.

Cinco años de litigios terminaron con la cancelación del proyecto

La denuncia surge apenas unos días después de que el Ayuntamiento de Monterrey anunciara oficialmente la cancelación del contrato con Next Energy, poniendo fin a una controversia que se prolongó durante cinco años.

El proyecto había sido presentado como una alternativa para abastecer al municipio con energía proveniente de fuentes limpias; sin embargo, la empresa nunca logró concretar los compromisos establecidos en el convenio.

La falta de resultados derivó en una larga batalla jurídica y política que involucró a distintas administraciones municipales. Incluso durante el gobierno de Luis Donaldo Colosio Riojas se impulsaron intentos para rescindir el contrato, aunque diversos recursos legales promovidos por la compañía evitaron durante años que la cancelación se concretara.

Con la decisión anunciada el pasado 2 de junio, el municipio dio por terminada una relación contractual que desde hace tiempo era objeto de cuestionamientos por el impacto financiero generado sin que se materializaran los beneficios prometidos.

El historial de Next Energy bajo investigación en varios estados

La polémica alrededor de Next Energy no se limita a Nuevo León.

Su director, Eugenio Javier Maiz, enfrenta diversas denuncias relacionadas con presuntos incumplimientos de contratos celebrados con gobiernos municipales en distintos puntos del país.

Además de Monterrey, existen antecedentes en Mexicali, Baja California, y en Aguascalientes, donde las autoridades también promovieron acciones legales derivadas de proyectos de energía renovable que no alcanzaron los resultados comprometidos.

Actualmente, Maiz permanece detenido en Aguascalientes, entidad donde fue acusado por presuntos delitos vinculados a un proyecto multimillonario de infraestructura fotovoltaica.

El caso Aguascalientes: un antecedente que pesa sobre la empresa

En marzo de 2019, el Ayuntamiento de Aguascalientes firmó con Next Energy un contrato valuado en aproximadamente 7 mil 800 millones de pesos para desarrollar infraestructura solar en la comunidad de Cañada Honda.

El proyecto contemplaba la instalación de un parque fotovoltaico y más de mil 900 microplantas de generación eléctrica respaldadas por decenas de miles de paneles solares. El acuerdo tendría una vigencia de tres décadas.

No obstante, conforme avanzó la ejecución surgieron retrasos y modificaciones contractuales. Aunque parte de la infraestructura llegó a instalarse, el sistema nunca operó conforme a lo previsto.

Ante la falta de cumplimiento, el gobierno municipal presentó una denuncia penal en 2022.

Tres años después, en diciembre de 2025, Eugenio Javier Maiz fue capturado en Reynosa, Tamaulipas, mediante una orden de aprehensión y trasladado a Aguascalientes para enfrentar el proceso judicial.

El empresario fue vinculado a proceso el 23 de enero y permanece bajo prisión preventiva justificada por delitos de amenazas y cohecho. De acuerdo con la acusación, durante su traslado habría ofrecido 500 mil pesos a custodios con el objetivo de obtener su liberación.

La denuncia abre un nuevo frente político en Nuevo León

La presentación de la querella ante la FGR agrega un nuevo capítulo al conflicto que rodea el proyecto energético de Monterrey. Mientras Morena busca que se investigue la actuación de funcionarios involucrados en la firma del contrato, el caso también vuelve a poner bajo escrutinio los mecanismos de contratación pública relacionados con megaproyectos de energía limpia.

Por ahora, corresponderá a las autoridades federales determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación formal y establecer posibles responsabilidades derivadas de un convenio que durante años estuvo marcado por litigios, incumplimientos y cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos.

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