Qué ha pasado, uno a uno, con los funcionarios ligados a la red de Rocha Moya

El escándalo que envuelve a Sinaloa sigue sin dar tregua, a días de que autoridades de Estados Unidos destaparan una presunta red de funcionarios vinculados con el crimen organizado, el panorama político del estado se ha transformado drásticamente. Licencias solicitadas, bajas silenciosas y personajes cuyo paradero es incierto han convertido el caso en uno de los más delicados de los últimos años.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y agencias como la DEA, la investigación sacó a la luz una presunta estructura que habría operado en beneficio del Cártel de Sinaloa, particularmente de la facción conocida como "Los Chapitos". 

Las autoridades estadounidenses sostienen que esta red facilitó actividades ilícitas, protegió operaciones criminales y permitió el flujo de drogas.

Entre los nombres destacan figuras de alto nivel en el ámbito político y de seguridad. El gobernador Rubén Rocha Moya solicitó licencia a su cargo, al igual que el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. También figura el senador Enrique Inzunza Cázares, junto con otros funcionarios en áreas estratégicas.

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Funcionarios que pidieron licencia

Ante el avance de las investigaciones, varios implicados optaron por separarse de sus funciones. Es el caso más reciente de Dámaso Castro Saavedra, quien se desempeñaba como vicefiscal y solicitó licencia sin goce de sueldo.

En la misma línea se encuentran Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, ambos vinculados a la Policía de Investigación, quienes también pidieron su suspensión. Estas decisiones buscan permitir el desarrollo de las indagatorias sin interferencias, según versiones oficiales,

Algunos funcionarios han sido dados de baja tras dejar de presentarse a trabajar. Uno de ellos es Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito", excomandante policial en Culiacán, quien abandonó su cargo desde 2024.

Las autoridades estadounidenses indican que "Juanito" enfrenta acusaciones por narcotráfico, además de su presunta participación en el secuestro y asesinato de un informante de la DEA. Otro caso es el de José Antonio Dionisio Hipólito, conocido como "Tornado", quien también formaba parte de la estructura de seguridad estatal y actualmente ya no ocupa ningún puesto.

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Los casos que generan incertidumbre

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, es uno de los nombres que más dudas ha generado. Hasta el momento, no existe información oficial sobre su ubicación ni sobre su situación laboral, lo que ha incrementado la incertidumbre en torno a su papel en el caso.

Asimismo, otros perfiles como Enrique Díaz Vega han sido señalados en investigaciones por presuntos movimientos financieros irregulares, ampliando el alcance del escándalo hacia el ámbito económico.

Las acusaciones incluyen delitos graves como narcotráfico, conspiración y uso ilegal de armas. En caso de ser procesados en EU, los implicados podrían enfrentar penas que van desde los 40 años de prisión hasta cadena perpetua.

El caso Rocha Moya mantiene bajo presión a la clase política de Sinaloa y bajo la mirada internacional a las autoridades mexicanas. Con funcionarios que se apartan del cargo, otros que desaparecen del escenario público y una investigación en curso, el desenlace aún es incierto.

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