FGR frena presión de EE.UU. y asegura que no existen pruebas contra Rocha Moya

La Fiscalía General de la República (FGR) lanzó un mensaje contundente frente a las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya: no hay pruebas suficientes para detenerlo ni para iniciar un proceso de extradición. La respuesta no solo frena, por ahora, cualquier acción judicial inmediata, sino que también eleva la tensión entre ambos países.

En conferencia de prensa, autoridades federales dejaron claro que los documentos enviados desde Estados Unidos no cumplen con los requisitos legales mínimos para justificar una detención provisional.

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FGR desarma la solicitud de EU

Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada en Control Competencial, explicó que lo recibido por México no es una solicitud formal de extradición, sino una petición de medida cautelar para detener a los implicados mientras se desarrolla el proceso.

Sin embargo, subrayó que este tipo de acciones requieren pruebas contundentes que acrediten la urgencia de la detención, algo que —según dijo— no aparece en el expediente.

"No hay ninguna evidencia que permita entender por qué se solicita una detención inmediata", señaló el funcionario, dejando claro que la Fiscalía no actuará sin sustento jurídico sólido.

Exigen pruebas y advierten riesgos legales

Ante este panorama, la FGR anunció que pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que solicite formalmente a Estados Unidos toda la información complementaria del caso.

Esto incluye documentos, pruebas, informes y cualquier elemento que permita evaluar correctamente las acusaciones.

Además, la dependencia advirtió que la difusión pública de estos señalamientos podría poner en riesgo el debido proceso, afectando la legalidad de cualquier procedimiento futuro.

También recordó que una detención provisional implica una restricción a los derechos humanos, por lo que no puede ejecutarse sin justificación clara.

Durante su posicionamiento, la Fiscalía reiteró uno de los mensajes centrales: todas las decisiones se tomarán con apego a la ley y bajo el marco constitucional mexicano.

"El compromiso es con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía nacional", enfatizó Jiménez Vázquez, en una declaración que marca la postura oficial del gobierno mexicano frente al caso.

La institución dejó claro que no actuará por presiones externas ni mediáticas, sino únicamente con base en pruebas verificables.

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Sheinbaum se suma a las dudas

La presidenta Claudia Sheinbaum también ha cuestionado la solidez de las pruebas presentadas por el gobierno estadounidense.

En días recientes, criticó que los documentos difundidos incluyan elementos poco claros, lo que dijo, resulta preocupante en un caso de esta magnitud. De la misma forma recordó que en México rige el principio de presunción de inocencia, por lo que ninguna persona puede ser considerada culpable sin pruebas firmes.

La mandataria también señaló que hacer públicas estas acusaciones podría violar acuerdos internacionales que contemplan la confidencialidad en este tipo de procesos.

Mientras Estados Unidos mantiene sus señalamientos, México responde con cautela jurídica y defensa de su soberanía. Por ahora, no habrá detenciones ni extradiciones. La FGR ha puesto una condición clara: sin pruebas, no hay acción.

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