Acusados de narcotráfico: Rubén Rocha y los funcionarios que alcanzarían cadena perpetua en EE.UU.

La Fiscalía de Estados Unidos presentó una acusación por narcotráfico contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales, a quienes vincula con operaciones del Cártel de Sinaloa para el envío de drogas hacia territorio estadounidense.

El caso fue dado a conocer por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole. La acusación incluye cargos por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego, en lo que autoridades estadounidenses describen como una estructura de colaboración entre el crimen organizado y el aparato gubernamental estatal.

De acuerdo con el documento judicial, los acusados habrían facilitado la distribución de grandes cantidades de narcóticos —incluyendo fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina— hacia Estados Unidos.

Cargos y posibles sentencias de los acusados

• Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, de 76 años: acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Enfrenta cadena perpetua, con una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
• Enrique Inzunza Cázarez, senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa, de 53 años: imputado por los mismos delitos de narcotráfico y posesión de armamento. Podría recibir cadena perpetua, con un mínimo de 40 años de prisión.
• Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, de 50 años: enfrenta cargos por conspiración para la importación de narcóticos y delitos relacionados con armas. La sanción prevista es cadena perpetua, con mínimo de 40 años.
• Dámaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía estatal, de 54 años: acusado de los mismos delitos, con una posible condena de cadena perpetua y pena mínima de 40 años de prisión.
• Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación, de 54 años: imputado por narcotráfico y posesión de armamento de uso exclusivo. Enfrenta cadena perpetua, con un mínimo de 40 años.
• Alberto Jorge Contreras Núñez, alias "Cholo", exjefe de la Policía de Investigación, de 45 años: acusado bajo los mismos cargos, con una posible condena de cadena perpetua y mínimo obligatorio de 40 años.
• Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, de 66 años: enfrenta cargos por conspiración de narcóticos y delitos con armas, con una pena de cadena perpetua y mínimo de 40 años.
• José Antonio Dionisio Hipólito, alias "Tornado", exsubdirector de la Policía estatal, de 55 años: acusado por los mismos delitos, con una posible sentencia de cadena perpetua y pena mínima de 40 años.
• Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, de 41 años: imputado por conspiración de narcóticos y posesión de armamento, con una pena de cadena perpetua y mínimo de 40 años de prisión.
• Juan Valenzuela Milán, alias "Juanito", excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, de 35 años: además de los cargos por narcotráfico y armas, enfrenta acusaciones por secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro, lo que implica una sentencia obligatoria de cadena perpetua.

Todos ellos, según las autoridades, ocuparon cargos relevantes dentro del gobierno estatal o corporaciones de seguridad, lo que habría permitido —según la acusación— construir una red de protección para las operaciones del cártel.

Señalamientos de violencia, corrupción y filtración de información

La investigación sostiene que los implicados no solo protegían a integrantes del Cártel de Sinaloa, sino que también filtraban información confidencial de operativos policiales y militares, además de ordenar a corporaciones locales resguardar cargamentos de droga en tránsito.

Según el expediente, algunos de los acusados habrían participado directamente en actos de violencia, incluyendo secuestros y asesinatos contra presuntos informantes o rivales del grupo criminal.

En particular, Juan Valenzuela Millán enfrenta cargos adicionales por su presunta participación en el secuestro de una fuente de la DEA y un familiar, quienes posteriormente fueron asesinados.

"Los Chapitos" y su presunta influencia política

Uno de los elementos más delicados de la acusación es la presunta intervención del grupo criminal conocido como "Los Chapitos" —hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán— en el proceso electoral que llevó a Rocha Moya al poder en 2021.

Según autoridades estadounidenses, el grupo habría recurrido a intimidación y secuestro de rivales políticos para favorecer su victoria. A cambio, el mandatario habría sostenido reuniones con integrantes del cártel antes y después de asumir el cargo, comprometiéndose a brindar protección a sus operaciones.

La acusación señala que, ya como gobernador, Rocha Moya permitió que esta facción operara con impunidad en Sinaloa.

Declaraciones de autoridades estadounidenses

"El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas", declaró el fiscal federal Jay Clayton.

"Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia".

Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance Cole, afirmó:

"El Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro. Esta acusación formal revela un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo la vida de los estadounidenses. Los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley. Agradecemos a nuestros socios estadounidenses y mexicanos que eligen la integridad a diario y nos apoyan para salvaguardar a nuestras comunidades. Juntos, continuaremos ejerciendo una presión constante contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo respaldan para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas".

Una red de alcance internacional

El expediente judicial describe al Cártel de Sinaloa como una de las organizaciones criminales más violentas del mundo, con una red global que involucra productores de cocaína en Sudamérica, proveedores de precursores químicos en Asia y redes de distribución en Estados Unidos.

Para sostener estas operaciones, el cártel habría tejido alianzas con funcionarios corruptos que, según la acusación, abusaron de su autoridad a cambio de sobornos millonarios y protección.

Entre las funciones atribuidas a los acusados se encuentran:

• Protección a líderes criminales frente a detenciones
• Filtración de información sensible
• Uso de corporaciones policiales para resguardar droga
• Permitir actos de violencia sin consecuencias

Proceso en curso y presunción de inocencia

El caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, mientras que fiscales federales especializados en narcóticos y seguridad nacional estarán a cargo del proceso.

Hasta el momento, no se han hecho públicas respuestas oficiales por parte del gobernador Rocha Moya ni de su administración.

Las autoridades estadounidenses subrayaron que los cargos contenidos en la acusación son únicamente señalamientos, por lo que los implicados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en el marco del debido proceso.

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