ARREGLITOS, MAQUILLAJE Y MÁS DE 200 MIL PESOS
Retoques con cargo al erario: los salones de belleza ocultos en el Senado y la Cámara de Diputados
La reapertura de un salón de belleza en el Senado desató cuestionamientos sobre el uso de instalaciones públicas y los criterios de austeridad.
Mientras en el pleno del Senado se discutían leyes, se votaban reformas y se hablaba de austeridad, a unos metros de distancia una senadora se retocaba el tinte frente a un espejo. No había letreros, ni precios a la vista, ni anuncios oficiales. Solo una puerta discreta, dos sillones de estética y un salón de belleza que operó durante meses dentro del recinto legislativo.
La escena quedó registrada en un video difundido esta semana: la senadora del Partido Verde, Juanita Guerra Mena, aparece sentada con el cabello cubierto de tintura cuando un reportero le pregunta desde cuándo existe el servicio. "¿Cuál servicio?", responde primero, visiblemente sorprendida.
Minutos después admite que el lugar llevaba alrededor de un año funcionando. La grabación bastó para encender la polémica y exhibir lo que durante meses fue un secreto a voces en el Senado.
¿Cómo era el salón de belleza del Senado?
El salón de belleza se encontraba en el segundo piso del Senado de la República, en un espacio que antes ocupó una oficina de la Comisión Federal de Electricidad. No tenía número de oficina ni señalización. Por fuera, apenas una placa blanca sin descripción; por dentro, un espacio acondicionado como cualquier estética profesional.
Había sillones negros frente a espejos, un lavacabezas, herramientas para peinado, brochas, maquillaje y sillas para quienes esperaban turno. De acuerdo con reportes periodísticos, el salón operaba de lunes a viernes, de 7:00 a 14:00 horas, incluso en días de sesión plenaria.
Los servicios incluían peinado, maquillaje, tinte de cabello y arreglo de uñas. No existía una lista formal de precios ni tarifas visibles: la atención se brindaba conforme llegaban las y los legisladores para arreglarse antes de subir al pleno o aparecer ante cámaras.
El Senado justifica los servicios del salón, pero lo clausura
Tras la difusión de las imágenes, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó públicamente la existencia del salón y rechazó que se tratara de un privilegio financiado con recursos públicos.
Aseguró que cada senadora pagaba de su bolsillo los servicios que utilizaba y justificó el espacio bajo el argumento de la agenda legislativa y los traslados desde distintos estados del país. "Todos debemos estar bien presentados", declaró. Defendió además el trabajo de la estilista y sostuvo que el servicio no contradecía el discurso de austeridad.
Sin embargo, pese a esa defensa, horas después personal de resguardo colocó sellos de clausura en la puerta del salón. No hubo comunicado oficial ni explicación detallada. El contraste fue evidente: un espacio que funcionó durante meses en discreción fue cerrado en cuestión de horas, justo cuando la polémica alcanzó su punto más alto.
Más de 200 mil pesos en maquillaje y productos para el cabello
La discusión no se limitó al salón. En medio del escándalo, se reveló que el Senado gastó más de 200 mil pesos durante 2024 en productos de maquillaje y artículos para el cabello. Las órdenes de compra incluyen labiales, brochas, paletas de sombras, sprays fijadores, cepillos profesionales y planchas para el cabello, algunos con precios considerablemente elevados.
Entre los artículos destacan labiales de más de 600 pesos, brochas de hasta 700 pesos, paletas de sombras superiores a los mil 600 pesos y planchas con costos cercanos a los 3 mil pesos. Oficialmente, estos productos estaban destinados a producciones del Canal del Congreso, aunque la coincidencia con la reapertura del salón alimentó las dudas.
El proveedor de estos insumos, Gustavo Nava Muñoz, ha sido un contratista frecuente tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, con contratos que van desde artículos de cafetería hasta herramientas y materiales diversos. Su nombre aparece además en registros públicos como militante del PRI en Tlaxcala.
Un servicio que ya había sido eliminado
El salón de belleza del Senado no es un invento reciente. En 2017, la Cámara Alta destinaba más de un millón de pesos al servicio de peluquería para legisladores, el cual se ofrecía de manera gratuita. En 2018, con la llegada de la llamada Cuarta Transformación, ese espacio fue cerrado bajo el argumento de que se trataba de un privilegio incompatible con la política de austeridad.
Años después, el servicio fue reactivado sin anuncios ni explicación pública. Aunque se señaló que la reapertura fue una solicitud colectiva de las senadoras, legisladoras de oposición reconocieron que desconocían su existencia y exigieron transparencia sobre el uso de instalaciones públicas, electricidad y otros recursos asociados.
San Lázaro también alberga un salón de belleza
La polémica por los servicios de estética dentro del Poder Legislativo no se limita al Senado. En la Cámara de Diputados, en el complejo de San Lázaro, opera desde hace años una peluquería y salón de belleza ubicado en el edificio E, un espacio que ha funcionado de manera continua a lo largo de distintas legislaturas.
El salón ofrece servicios como cortes de cabello, peinados, maquillaje y arreglo de barba, con horarios amplios que se ajustan a las jornadas parlamentarias. Sus precios, considerados accesibles, han permitido que no solo legisladores y personal administrativo hagan uso de él, sino también reporteros y trabajadores que cubren las actividades del recinto.
Aunque su existencia es ampliamente conocida, el espacio no ha estado exento de señalamientos. Auditorías y trabajos periodísticos han documentado que, en legislaturas anteriores, se destinaron cientos de miles de pesos para su operación, incluyendo la contratación de estilistas y la adquisición de insumos, en algunos casos con recursos públicos.
Austeridad y servicios con recursos públicos
La clausura del salón de belleza en el Senado cerró temporalmente un espacio que operó durante meses dentro de instalaciones públicas, pero dejó varias preguntas sin respuesta. Entre ellas, quién autorizó su funcionamiento, bajo qué reglas operaba y qué normas regulan el uso de inmuebles legislativos para este tipo de servicios.
El caso también abrió el debate sobre cómo se aplican los criterios de austeridad dentro del Poder Legislativo y cuál es la diferencia entre que los usuarios paguen un servicio y el uso de infraestructura financiada con recursos públicos. Hasta ahora, no se han dado a conocer lineamientos claros que definan estos límites ni si existen reglas comunes entre el Senado y la Cámara de Diputados.
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