AUSTERIDAD CON BLINDAJE
Por "seguridad", ministros de la Corte estrenan camionetas de hasta 1.7 millones
La Suprema Corte renovó su flotilla con camionetas de alta gama valuadas en hasta 1.7 millones de pesos, bajo el argumento de reforzar la seguridad de las y los ministros.
En tiempos de discursos sobre austeridad republicana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió predicar con el ejemplo... pero desde una camioneta nueva, blindada y de alta gama.
El máximo tribunal renovó su flotilla vehicular con nueve camionetas Jeep Grand Cherokee, una para cada ministra y ministro, cuyo precio en el mercado oscila entre 1.07 y 1.77 millones de pesos por unidad, sin contar posibles adecuaciones como blindaje, que elevarían el costo hasta casi 3 millones de pesos por vehículo. El gasto total podría rondar los 27 millones de pesos.
Seguridad antes que austeridad (según la Corte)
La SCJN explicó que la compra responde exclusivamente a razones de seguridad y no a "consideraciones discrecionales". En un comunicado, detalló que las unidades anteriores, modelos 2019 y 2020, ya no cumplían con los estándares adecuados, por lo que su uso comprometía la operación institucional.
Para reforzar el argumento, el tribunal señaló que la decisión contó con opiniones técnicas de autoridades federales, las cuales recomendaron la renovación del parque vehicular para proteger la integridad de quienes desempeñan "funciones de alta responsabilidad".
La Corte también recordó que no se trata de un lujo improvisado, sino de una medida respaldada por el Acuerdo General de Administración de 2019, que permite renovar los vehículos asignados a los ministros cada cuatro años, o antes, cuando las condiciones del automotor ya no sean seguras. Es decir, no fue un capricho, sino una obligación administrativa... aunque con asientos de piel y alto nivel de equipamiento.
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"No gastamos más", asegura la SCJN
Para despejar dudas sobre el impacto al erario, la SCJN aseguró que la adquisición de las nuevas camionetas se realizó de manera paralela a la desincorporación de un parque vehicular mayor, con el objetivo de no generar un gasto adicional.
Con ello, subrayó, el Poder Judicial reafirma su compromiso con el uso racional de los recursos públicos, sin poner en riesgo la seguridad de sus integrantes.
La decisión reabre el debate sobre el gasto público y la austeridad institucional. Para la Corte, la prioridad es la seguridad; para la ciudadanía, el contraste vuelve a estar bajo la lupa.
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